Araceli, mujer de 59 años con dificultad para caminar, lleva cuatro días viviendo en la calle frente a su antigua vivienda, ubicada en la cerrada Guayaquil, en el fraccionamiento Las Américas, Ecatepec. La mujer afirma que fue desalojada de manera ilegal el pasado lunes por un actuario y un grupo de personas que, según ella, se dedican a desalojar a residentes del municipio.
Sus familiares y ella denuncian que el desalojo fue efectuado sin una orden judicial válida, y acusan a los actores implicados de robarles dinero en efectivo dentro del domicilio. El Ayuntamiento de Ecatepec informó que el desalojo ocurrió como parte de un proceso judicial, específicamente un juicio hipotecario con número de folio 8324/2025, y que la intervención policial fue solicitada por el Poder Judicial mediante un exhorto.
Araceli explica que desde 2017 dejó de pagar la hipoteca, pero que, junto con un abogado ligado a una asociación civil llamada Apoyare, llegó a un acuerdo para realizar pagos mensuales y evitar la pérdida de su propiedad. Sin embargo, asegura que nunca fue notificada sobre el vencimiento del amparo que tendría que protegerla, y que el abogado le pidió depósitos periódicos prometiendo proteger su vivienda con una calcomanía. Después de 15 meses de supuestos pagos, en julio intentaron desalojarla sin orden judicial, lo que la llevó a consultar al Poder Judicial y descubrir que su caso no existía en los registros.
Al exigir la devolución de su dinero y documentos, el abogado le solicitó retirar la calcomanía y le devolvió parte del dinero, tras lo cual procedieron con el desalojo. Desde entonces, Araceli vive en la calle, mientras una mujer llamada Miriam afirma ser la nueva propietaria de la casa. La mujer fue encadenada y sus objetos echados a la calle. Ella denuncia que en el proceso le robaron más de 100 mil pesos y que en los días posteriores le han robado cosas en las visitas a las casas de sus hijas.
Sus hijas relatan que han intentado llevarla a sus domicilios, pero ella prefiere mantenerse en la calle para cuidar sus pertenencias y no abandonarlas. Vecinos, familiares y otros vecinos le brindan alimentos y apoyo diario, mientras ella busca justicia.
Por su parte, Israel Enríquez, presidente de la asociación Apoyare, se deslindó del abogado y afirmó que la persona utilizó indebidamente el nombre de la organización para cometer actos ilícitos. Anunció que presentarán denuncias ante las autoridades contra el abogado y reiteró que la asociación no tiene relación con las acciones realizadas.
La situación de Araceli refleja posibles irregularidades en desalojos y en la utilización indebida de nombres de organizaciones civiles, generando preocupación en la comunidad local y en las autoridades.
