En una operación militar de gran escala, las Fuerzas Armadas de Ecuador llevaron a cabo un bombardeo masivo en el sector de La Chonta, en el cantón Pucará, provincia del Azuay, al sur del país. La acción, que forma parte de la ofensiva llamada Tormenta de Fuego, tuvo lugar el 3 de noviembre de 2025 con el objetivo de desarticular las redes vinculadas a la minería ilegal.
El Ministerio de Defensa informó que durante la operación se destruyeron alrededor de 12 hectáreas de campamentos, zonas de procesamiento y bocaminas, tras realizar una evacuación preventiva de los habitantes de la zona. La intervención fue comandada por aproximadamente 1,500 efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea Ecuatoriana, quienes actuaron en tierra y en el aire con apoyo de artillería pesada y munición de alta precisión, para garantizar la desarticulación total de las estructuras criminales.
La región intervenida es montañosa y de difícil acceso, y había sido identificada por los servicios de inteligencia como un punto estratégico para actividades ilícitas como contrabando de armas, extorsión y microtráfico. Fuentes militares señalaron que el operativo fue precedido por labores de inteligencia que detectaron células operando bajo la fachada de actividades mineras asociadas al grupo delictivo 'Los Choneros'. La operación busca cortar los flujos financieros de estas actividades ilícitas, reforzando el control territorial y protegiendo la seguridad nacional.
Históricamente, Pucará ha sido afectada por la minería ilegal de oro, y en los últimos años ha sido escenario de múltiples acciones de seguridad. Sin embargo, la operación Tormenta de Fuego destaca como una de las más contundentes en la región en los últimos meses. La evacuación preventiva de los residentes se realizó para asegurar su integridad durante la operación.
El Ministerio de Defensa explicó que la intervención forma parte de la estrategia integral del Bloque de Seguridad, que incluye a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y otras instituciones del Estado, con el fin de consolidar el control en zonas donde operan actividades ilegales relacionadas con el crimen organizado. La cartera agregó que la recuperación del control territorial, el restablecimiento del orden y la recuperación de zonas afectadas son prioridades nacionales.
Asimismo, la Fiscalía General del Estado inició una investigación para determinar el origen de los equipos destruidos y las posibles redes de financiamiento de la minería ilegal. Autoridades del Azuay confirmaron que estas actividades clandestinas estaban generando conflictos con comunidades agrícolas y dañando fuentes de agua que abastecen varias parroquias.
Esta ofensiva militar se enmarca en el contexto del 'conflicto interno armado' declarado por el gobierno de Daniel Noboa en enero de 2024, que autoriza a las Fuerzas Armadas a intervenir en contra de grupos considerados terroristas o vinculados al crimen organizado. Desde entonces, se han realizado más de 60 operaciones conjuntas en diferentes provincias, incluyendo Esmeraldas, El Oro, Zamora Chinchipe y Azuay.
La minería ilegal de oro en Ecuador ha surgido como una importante fuente de financiamiento para redes criminales, además de causar destrucción ambiental significativa. Esta actividad también facilita el lavado de activos mediante intermediarios que ingresan el mineral en mercados legales, blanqueando así recursos ilícitos relacionados con el contrabando, tráfico de armas y narcotráfico.
El Ministerio de Defensa afirmó que las acciones contra la minería ilegal continuarán en otras regiones del país donde se detecten focos similares, en respuesta a una amenaza tanto a la seguridad nacional como a la estabilidad económica. La institución reafirmó el compromiso del Estado de mantener una ofensiva constante contra todas las formas de crimen organizado.
