VALLE DE BRAVO, Estado de México, 9 de junio de 2025.— Después de meses de controversia política, cinco integrantes del Ayuntamiento de Valle de Bravo informaron que no solo lograron un amparo contra su suspensión ilegal, sino que también preparan una demanda por daño moral contra la alcaldesa Michelle Núñez Ponce. La situación genera la pregunta: ¿Debe la edil responder por daño moral a los integrantes del cabildo?
En una conferencia de prensa celebrada este miércoles, participaron el síndico Pastor Nava Montoro (Morena), los regidores María Magdalena Rodríguez Benítez (Morena), Édgar Ledezma Bernal (Morena), Adrián Carlos Benítez García (PAN) y Alejandro Reyes Jaramillo (independiente). Todos fueron electos por voto popular y suspendidos en junio de 2024 por instrucciones directas de la alcaldesa, según denunciaron.
El abogado Javier Guadarrama Caballero, representante legal de los cinco ediles, informó que el Poder Judicial Federal les concedió un amparo definitivo que ordena su restitución inmediata en el cargo y el pago completo de sus salarios. «Estamos en la fase de cumplimiento de la sentencia, que se espera завершar en aproximadamente 30 días. Luego, procederemos a presentar una demanda por daño moral debido al atropello sufrido», explicó.
Guadarrama advirtió que si la administración municipal no cumple con la orden judicial, podría incurrir en desacato, lo que podría derivar en sanciones legales para los responsables, incluida la alcaldesa. Esto reaviva el debate público: ¿Debe Michelle Núñez responder también por daño moral, además de lo legal y administrativo?
El exregidor Adrián Carlos Benítez García explicó el origen del conflicto: «El 24 de junio de 2024 fuimos suspendidos sin justificación, sin proceso legal y sin derecho a audiencia. Fue un acto autoritario». La suspensión fue comunicada mediante el oficio PMVB/056/JUNIO/2024, sin seguir ningún procedimiento legal, señalaron.
Benítez enfatizó que esa acción fue un abuso de poder: «No debería haberse llegado a esto. La presidenta municipal actuó con prepotencia, sin considerar que somos funcionarios electos». Como resultado, se interpuso el juicio de amparo expediente 143/2025, ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Civil y del Trabajo del Estado de México.
El juez federal José Fernando García Quiroz falló a favor de los ediles, señalando que la suspensión violó los artículos 14, 16 y 115 de la Constitución, por ser una medida unilateral y arbitraria.
Por su parte, Édgar Ledezma Bernal reafirmó su confianza en las instituciones: «La sentencia ya está dictada y confiamos en que se cumplirá. Ahora corresponde a la presidenta municipal asumir la responsabilidad de sus actos».
Los ediles reafirmaron que seguirán trabajando en beneficio de la ciudadanía y buscan justicia por medios legales. «Esto no solo es por nosotros, sino por la legalidad y la democracia. Nadie debe estar por encima de la ley», concluyeron.
La interrogante que acecha en los pasillos políticos de Valle de Bravo y más allá es: ¿Debería Michelle Núñez responder también por daño moral a los ediles? La respuesta podría marcar un precedente importante.
