Mientras en México ocho de cada 10 menores víctima de violencia sexual padecen abusos por parte de personas de su entorno cercano, también en el Estado de México esta problemática persiste sin resolverse, y las iniciativas para regular el sector turístico parecen no abordar las raíces del problema. Así lo advirtió Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, quien afirmó que la violencia sexual infantil no depende del espacio donde sucede, sino de la falta de justicia y protección institucional.
El activista explicó que los delitos en entornos turísticos siguen un patrón común con otros escenarios, insistiendo en que la violencia sexual debe combatirse con la misma intensidad, esté donde ocurra, ya sea en hogares, escuelas o iglesias.
Para Tejiendo Redes Infancia, el Estado de México se ha convertido en un 'paraíso de impunidad', pues raramente los delitos sexuales llegan a sentencias. Pérez García señaló que, de cada 100 investigaciones por abuso infantil en el país, solo entre tres y cinco terminan en resolución judicial, mientras que la mayoría son archivadas o abandonadas, permitiendo que los agresores permanezcan libres y que las víctimas no reciban justicia ni reparación.
El especialista en entrevista con El Sol de Toluca, precisó que la impunidad se sustenta en la revictimización durante las denuncias, la falta de personal capacitado para atender a menores y la debilidad de las fiscalías. Mientras estas fallas persistan, cualquier reforma será solo discursiva.
De acuerdo con la ficha técnica 'Infancia y Adolescencia en el Estado de México' de octubre de 2024, en 2023, mil 575 menores fueron atendidos en hospitales por violencia sexual en la entidad, posicionando al Estado de México como el territorio con mayor número de atenciones en todo el país.
A nivel nacional, la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) reportó un incremento del 1,139% en casos de violencia sexual contra menores, al aumentar de 791 denuncias en 2010 a 9 mil 802 en 2023, con un promedio de 27 carpetas abiertas por día.
El mismo informe ubicó a Veracruz en primer lugar en violencia sexual infantil en contextos turísticos, con el Estado de México en segundo, además de liderar en violencia sexual digital, según reportes de REDIM.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública documentó que en 2023, en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, se abrieron más de mil 100 carpetas por violación, abuso sexual y acoso infantil.
Organizaciones civiles como Tejiendo Redes Infancia y REDIM alertaron que estos datos representan solo una fracción de la realidad, debido a la alta cifra negra y a la desconfianza en las autoridades.
En el Congreso mexiquense, avanzan dos iniciativas impulsadas por las diputadas Susana Estrada Rojas y Krishna Karina Romero Velázquez, que buscan prevenir la explotación sexual infantil en hoteles y zonas turísticas, proponiendo medidas como cámaras de vigilancia, capacitación del personal y verificación de parentescos mediante documentos.
Pérez García criticó que estas propuestas reflejan una ingenuidad legislativa, pues la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes ya establece la obligación de verificar vínculos parentales en establecimientos de hospedaje, por lo que no sería necesario crear nuevas leyes, sino aplicar las existentes.
Asimismo, Tejiendo Redes Infancia alertó sobre el aumento del material de violencia sexual digital, anteriormente denominado pornografía infantil, y propone usar el término correcto, ya que cada imagen representa una víctima real, y no puede considerarse una industria legal.
Advirtió que estas prácticas incluyen la hipersexualización en redes sociales, que normaliza y refuerza la cultura del abuso. Para Pérez García, la educación sexual integral sigue siendo la herramienta más eficaz para prevenir estos delitos, enfatizando en la coordinación entre los sistemas educativo y de salud para que menores conozcan sus derechos, reconozcan riesgos y puedan ejercer autonomía con información y acompañamiento institucional.
Para las organizaciones civiles, el Estado de México enfrenta una de las deudas más graves en protección infantil, debido a la falta de sentencias, atención especializada y reparación del daño, que mantienen a la entidad en una situación crítica. Mientras las víctimas claman justicia, las leyes proliferan sin lograrse transformar la realidad que las provoca.
