El Congreso del Estado de México discute una iniciativa del diputado Isaac Hernández Méndez, del Partido del Trabajo, que busca despenalizar y regular la eutanasia. La propuesta propone reformar la Ley de Voluntad Anticipada y el Código Penal estatal para permitir a pacientes en fase terminal o con enfermedades graves e incurables acceder a una 'muerte digna' bajo estrictas regulaciones médicas y legales.
La iniciativa define la eutanasia como un acto realizado por un médico autorizado que provoca la muerte sin dolor, a petición del paciente, siempre que este esté en etapa terminal o tenga un diagnóstico confirmado de un padecimiento grave o incurable que cause sufrimiento intolerable. La propuesta señala que la eutanasia es una acción excepcional, realizada solo después de agotar todas las opciones para aliviar el sufrimiento, y aclara que no se trata de homicidio por piedad ni de suicidio asistido, sino de un procedimiento médico regulado.
Se propone crear una Coordinación de Voluntades Anticipadas y Eutanasia, bajo la Secretaría de Salud, responsable de registrar y custodiar las declaraciones, gestionar un sistema digital, coordinar con comités de bioética y supervisar el cumplimiento de las disposiciones.
Para solicitarla, los pacientes deberán cumplir cuatro requisitos clave, incluyendo estar en pleno uso de sus capacidades mentales al momento de la solicitud, presentada mediante un acta firmada ante personal autorizado y dos testigos. Además, la iniciativa ampliaría derechos de los pacientes, permitiéndoles acceder a información clara sobre la donación de órganos y dar su consentimiento voluntario y por escrito para la eutanasia, con la posibilidad de revocar su decisión en cualquier momento sin consecuencias legales.
La propuesta respeta el derecho de los profesionales de la salud a ejercer la objeción de conciencia, pero garantiza la disponibilidad de personal no objetor en las instituciones médicas. El personal encargado deberá brindar información actualizada, verificar el cumplimiento de requisitos, asegurarse de que el paciente actúe sin presiones y esté en pleno uso de sus facultades, además de recibir capacitación especializada.
Ninguna persona que actúe conforme a esta ley será responsable civil, penal o administrativa. La ley prohíbe la eutanasia sin acta y declaración de voluntad legalmente tramitadas. Para prevenir abusos, las actas serán nulas si existen vicios del consentimiento, si la voluntad no está claramente expresada o si los diagnósticos no provienen de instituciones públicas mexicanas.
En casos donde el paciente no pueda expresar su voluntad, la decisión podrá ser asumida por su cónyuge, concubino, hijos mayores o padres, en ese orden, requiriendo unanimidad si varias personas concurren.
La iniciativa destaca que cinco países —Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Canadá y Colombia— han legalizado la eutanasia, siendo este último pionero en Latinoamérica desde 1997, con un acceso progresivamente ampliado. Según una encuesta de 2022, el 68% de mexicanos están a favor de que pacientes en fase terminal puedan optar por una muerte digna, con mayores apoyos en áreas urbanas (75.6%) que rurales (61.1%), y un 72.7% respaldando un marco jurídico que proteja estos derechos.
