El Observatorio de los Pueblos Originarios y Comunidades Afrodescendientes en el Estado de México aprobó la creación de un Comité Especial para identificar a personas indígenas y afrodescendientes privadas de la libertad que puedan ser beneficiadas con amnistía. En su primera sesión ordinaria, los integrantes solicitaron que este comité esté conformado por expertos en derechos indígenas, a fin de asegurar un análisis adecuado de cada caso.
El presidente del Poder Judicial del Estado de México, Fernando Díaz Juárez, propuso actuar con firmeza ante la persistente violencia sistémica en la entidad, que vulnera especialmente a estos grupos. Señaló la necesidad de construir un padrón que permita conocer cuántas personas de estos perfiles están encarceladas y bajo qué circunstancias se dio su proceso judicial.
‘Este padrón facilitará un análisis detallado de su situación jurídica y permitirá trazar una ruta para solicitar amnistía o la intervención de la Comisión de Derechos Humanos en casos particulares’, explicó Díaz Juárez. Destacó la colaboración de la Defensoría Pública, organizaciones civiles y abogados comprometidos con la defensa de los pueblos originarios.
Armando Loizaga Pazzi, presidente del Instituto de Medicina Intercultural Nierika A.C., añadió que el comité también debe ofrecer atención a la salud mental y emocional de las personas encarceladas y sus familias. Propuso que los casos de indígenas y afrodescendientes se analicen desde el inicio del proceso judicial para evitar sentencias injustas que posteriormente puedan ser revertidas mediante la Ley de Amnistía.
‘Desde el comienzo del proceso, jueces y fiscalías deben considerar la naturaleza y el contexto cultural de estos pueblos’, afirmó Loizaga, quien también destacó la importancia de la participación activa de la sociedad civil ante la diferencia epistemológica entre estas comunidades y el Estado mexicano.
Nallely Flores Rodríguez, coordinadora de la Comisión de Asuntos Indígenas del Colegio de Abogados, advirtió que la violación de derechos humanos contra mujeres indígenas y afrodescendientes continúa siendo sistemática. ‘Estas mujeres desconocen sus derechos y las herramientas jurídicas disponibles’, expresó.
Karina Liliana Guadarrama Jaimes, presidenta de la asociación Más Vida Más Igualdad, recalcó la urgencia de actuar para corregir fallos del sistema judicial. ‘La amnistía no implica impunidad, es una medida humanitaria de reparación para quienes han sido víctimas múltiples por su identidad y condición social’, afirmó.
Luz María del Consuelo Rodríguez Rocha, activista afrodescendiente, denunció que muchas mujeres indígenas encarceladas enfrentan discriminación, criminalización y abandono, a menudo sin comprender sus procesos judiciales.
‘Es indispensable abordar esta realidad con seriedad y sensibilidad, transformando las instituciones para que ninguna mujer sea juzgada por prejuicios o ignorancia’, declaró.
Hilda Salazar, Secretaria de la Contraloría del Estado de México, expresó que el gobierno estatal está comprometido en corregir las omisiones del sistema y actuar con transparencia. ‘La justicia debe dejar de estar basada en estructuras discriminatorias y excluyentes, y respaldamos la propuesta de amnistía para las mujeres indígenas, quienes han sido doblemente vulneradas’.
