El Congreso del Estado de México inició el análisis de una propuesta para reformar el Código Penal estatal y eliminar vacíos legales que permiten a familiares, amigos o personas cercanas encubrir a presuntos feminicidas.
La iniciativa, presentada en la comisión legislativa de Administración y Procuración de Justicia, propone que no se aplique el artículo 153, vigente actualmente, que exenta de responsabilidad a ciertos familiares en casos de feminicidio cuando actúan por parentesco, salvo interés ilegítimo.
Este esfuerzo surge en un contexto donde Mexico registra un feminicidio cada dos horas, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con una baja cultura de denuncia: el 91% de las mujeres que experimentan violencia no denuncian por miedo, vergüenza o desconfianza en las autoridades, según la ENDIREH 2020.
Durante la sesión, los legisladores coincidieron en que la redacción actual del Código Penal favorece el encubrimiento y perpetúa la impunidad en delitos de género. La diputada Ana Yuritxi afirmó que la propuesta busca cerrar la puerta legal a quienes, desde el núcleo familiar, protegen a los agresores, lo que ha facilitado su evadir la justicia en múltiples casos.
Se presentaron testimonios que documentan cómo agresores en el Estado de México han sido protegidos por sus familias tras cometer feminicidio, incluso reincidiendo en otros crímenes, situación que las autoridades han minimizado o ignorado.
La diputada Emma Laura Álvarez propuso que la modificación se ubique en el artículo 153, que regula la exención de sanciones para encubridores, para reforzar la ley sin alterar la definición del delito de feminicidio. La propuesta sería añadir un párrafo que deje claro que esta exención no aplica en casos de feminicidio.
El diputado Octavio Martínez Vargas solicitó que el fiscal general del Estado comparezca ante el Congreso para presentar avances en la atención a feminicidios, en especial en los municipios con doble alerta de violencia de género, como Chalco, Ecatepec, Nezahualcóyotl y Toluca, donde persiste la problemática.
Los legisladores coincidieron en la necesidad de fortalecer la legislación para proteger a las víctimas y combatir la impunidad, y anunciaron que la propuesta continuará su análisis en comisión con la finalidad de perfeccionarla antes de su eventual aprobación en el pleno.
