El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad la incorporación del artículo 307 Ter al Código Penal local, que tipifica la usura como delito y establece penas de uno a 15 años de prisión, además de multas de hasta 395 mil pesos o 3 mil 500 unidades de medida y actualización (UMAs) para quienes, aprovechándose de la necesidad o inexperiencia de otros, otorguen préstamos con intereses desproporcionados.
Impulsada por el diputado Octavio Martínez Vargas, del grupo parlamentario de Morena, esta reforma busca detener los abusos financieros que afectan principalmente a personas de bajos recursos y pequeños comerciantes, principalmente en municipios como Toluca, Ecatepec, Tlalnepantla y Nezahualcóyotl.
Según el dictamen, se comete el delito de usura cuando alguien, "aprovechándose de la necesidad económica, ignorancia o inexperiencia de otra persona, otorga préstamos mediante diversos contratos, incluso en esquemas informales o simulados, con intereses que superan el doble de la tasa establecida por el Banco de México".
Con esta medida, el Estado de México suma esfuerzos a nivel nacional que penalizan esquemas de préstamo explotador, como el conocido esquema de “gota a gota”, un método informal de origen colombiano que se ha expandido en varias localidades y en el que pequeños comerciantes, repartidores y trabajadoras del hogar enfrentan cobros abusivos y amenazas cuando no pueden pagar en tiempo y forma.
Estas prácticas, a menudo operadas por bandas delictivas vinculadas al crimen organizado, utilizan la usura como mecanismo de control económico, generando extorsiones y situaciones de violencia.
El caso que impactó al país fue el del niño “Fernandito”, de 5 años, secuestrado y asesinado por prestamistas en Los Reyes La Paz, tras la solicitud de un préstamo de mil pesos y la posterior impago. Este hecho, junto con otras amenazas similares, aceleró el debate legislativo sobre la necesidad de tipificar la usura como delito autónomo.
Durante la discusión en el Congreso, el diputado subrayó que la reforma busca proteger a los sectores más vulnerables, quienes caen en el préstamo informal por falta de acceso a alternativas financieras.
“Necesidad no debe traducirse en violencia o muerte”, afirmó, resaltando que la usura “atenta contra la justicia social y la dignidad humana”.
La nueva disposición contempla que las penas puedan aumentarse si el responsable reincide, usa violencia o amenazas, o si la víctima pertenece a grupos vulnerables como mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad. En estos casos, las penas oscilarán de uno a 15 años y multas que pueden llegar a 3 mil 500 veces el valor diario de la UMA vigente.
Asimismo, la reforma elimina la fracción novena del artículo 306 del Código Penal para evitar duplicidades normativas y garantizar mayor claridad jurídica.
El dictamen será enviado al Ejecutivo estatal para su publicación en la Gaceta de Gobierno y entrará en vigor tras su promulgación, señalando un paso importante en la lucha contra la explotación financiera en la entidad.
