Por unanimidad, los diputados del Estado de México aprobaron la tipificación del delito de acecho como forma de violencia contra las mujeres, mediante una reforma al Código Penal y a la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia. Durante la Comisión Legislativa de Procuración y Administración de Justicia, la iniciativa impulsada por la diputada Lilia Urbina Salazar, del PRI, busca sancionar conductas como hostigamiento, vigilancia no consentida y persecución física o digital. La propuesta fue respaldada por todos los grupos parlamentarios, quienes reconocieron que aunque el acecho no siempre deja huellas visibles, sí causa daños emocionales profundos, limita libertades y genera miedo en las víctimas. La diputada Jessica Janet Rojas Hernández, del PAN, destacó que también el miedo es violencia y que el Estado debe proteger a las mujeres frente a estas conductas. La iniciativa surge ante la necesidad de cerrar vacíos legales que permitían la impunidad en casos reiterados de hostigamiento. La reforma define el acecho como conductas reiteradas de seguimiento, vigilancia, invasión a la privacidad o acoso que generan intimidación o alteran la vida cotidiana de una mujer, causando temor, ansiedad y modificaciones en sus hábitos o residencia. Se establece que una conducta es reiterada si se repite más de dos veces, y el delito puede proceder por querella o de oficio si la víctima es menor de edad. Según el Artículo 268 Quinquies, quien aceche o intimide puede recibir de seis meses a dos años de prisión y multas de 100 a 300 días. Las conductas sancionadas incluyen vigilancia no consentida, contacto por redes sociales, ataques a la libertad o patrimonio de la víctima y actos para intimidar. Las penas aumentarán en casos como amenazas en domicilios, uso de armas, vandalismo, presionar en procesos legales o vigilancia tecnológica sin consentimiento. Además, si el delito lo comete un servidor público, si se viola una orden de protección, o si afecta a menores, mujeres embarazadas, adultos mayores o personas con discapacidad, las penas podrán duplicarse, con la particularidad de que los servidores públicos serán destituidos e inhabilitados. La iniciativa será próximamente discutida en el pleno del periodo extraordinario de la LXII Legislatura, donde se espera su ratificación, consolidando el compromiso del Estado de México con la protección de las mujeres y el combate a la violencia de género.
