La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Estado de México ajustar su programa de contingencias ambientales para cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas. La decisión se tomó tras un amparo de EcoRenacimiento A.C., que acusó que la Secretaría del Medio Ambiente permitía niveles de contaminación superiores a los límites federales antes de activar medidas de protección.
El abogado Luis Miguel Cano López señaló que el programa estatal establece fases de acción tardías, incluso cuando ya hay daño a la salud. Normas oficiales dictan qué contaminantes son peligrosos, y una vez alcanzados esos límites, deberían activarse las contingencias.
El programa del Edomex permite que el aire contamine por encima de los niveles dañinos sin medidas de emergencia. Los contaminantes PM10 y PM2.5 —partículas pequeñas que afectan los pulmones y cruzan al torrente sanguíneo— superan los límites federales de 70 y 41 microgramos, respectivamente, antes de que el programa reactive acciones. En cambio, el estado reacciona hasta 150 y 75 microgramos, respectivamente.
En cuanto al ozono, las normas establecen un límite de 0.090 partes por millón, pero solo se declara contingencia cuando llega a 0.154. Esto expone a la población a gases que causan molestias y daños respiratorios.
Además, desde 2023, el gobierno mexiquense dejó de reportar los niveles de PM10 y PM2.5 en temporada seca, periodo en que estos alcanzan sus mayores valores, lo que constituye una violación al derecho a la información ambiental.
Aunque la sentencia ya fue emitida y debe publicarse oficialmente, las autoridades tienen un plazo para modificar su política. Cano López advirtió que, a pesar de la obligatoriedad, las instituciones suelen retrasar los cambios o ignorarlos.
El fallo también subraya que la protección de la salud no debe subordinarse a intereses económicos. Cano afirmó que el cambio debe ser profundo, no solo simbólico, y que la ciudadanía tiene un papel clave en exigir cumplimiento.
Finalmente, EcoRenacimiento planea entregar la sentencia a la Secretaría del Medio Ambiente en cuanto se publique oficialmente, en una acción para presionar a las autoridades a cumplir con la resolución.
