Aunque la Secretaría de Seguridad del Estado de México resaltó una disminución histórica en delitos de alto impacto durante el segundo año del gobierno de Delfina Gómez, su titular, Cristóbal Castañeda Camarillo, reconoció que persisten dos grandes pendientes: la crisis en el sistema penitenciario y la falta de regulación y transparencia en el Cuerpo de Seguridad Auxiliar del Estado de México (CUSAEM). Durante su comparecencia en el Congreso local para presentar la glosa del segundo informe de gobierno, Castañeda Camarillo admitió que el sistema penitenciario estatal enfrenta una sobrepoblación del 156%, con más de 37 mil personas recluidas en instalaciones insuficientes, lo que ha obligado a realizar traslados a penales federales y internos para evitar conflictos internos. Aunque destacó avances como la certificación internacional CALEA en cinco penales y programas preventivos en escuelas, enfatizó que el sistema aún requiere mejoras. En relación al CUSAEM, criticó su origen y mencionó una deuda cercana a los 5 mil millones de pesos con el ISSEMYM y 600 millones con el SAT, lo que pone en riesgo su operación. Anunció una migración gradual de elementos a la Policía Estatal, acompañada de depuración, aumento salarial del 33%, y mejoras en seguridad social y atención médica. Además, seis comandantes del CUSAEM han sido dados de baja por corrupción, con el objetivo de formar una corporación profesional, saneada y sin dejar desprotegidos a usuarios ni elementos. Los diputados de diversas fracciones criticaron la falta de transparencia, discrecionalidad y las malas condiciones del sistema penitenciario y del CUSAEM, además de cuestionar cifras negras, inseguridad y condiciones laborales, a lo que el secretario respondió con resultados operativos: 550 homicidios dolosos menos (reducción del 43%), 8,769 robos de vehículos menos, 754 casos de extorsión menos y 625 robos a transporte de carga menos. Se han realizado más de 1.6 millones de operativos, con miles de armas y hidrocarburos decomisados, y un avance en tecnología de videovigilancia, drones y reportes de extorsión. En materia de profesionalización, casi 20 mil policías estatales y más de 12 mil municipales han sido capacitados, con altas tasas de certificación. Se adquirieron vehículos, armamento y equipo táctico, además de becas para hijos de policías caídos. Aunque Castañeda Camarillo reconoció que la percepción de inseguridad sigue alta, atribuyó los avances a la colaboración con autoridades federales y municipales, y destacó operaciones que han desarticulado redes criminales y detenido funcionarios coludidos con grupos delictivos. Concluyó afirmando que la seguridad también depende de construir mejores sociedades.
