La Gaceta de Gobierno del Estado de México publicó dos reformas legislativas que refuerzan el compromiso del estado con la justicia de género y el apoyo a víctimas. La primera modificación reconoce derechos de asistencia social para niñas, niños y adolescentes hijos de mujeres víctimas de feminicidio o desaparición, quienes serán considerados sujetos prioritarios de apoyo hasta los 25 años, siempre que acrediten estudios y no contraigan matrimonio o unión de hecho. El estado deberá garantizar acompañamiento psicológico, educativo y social, además de facilitar acceso preferente a programas de bienestar. Esta medida pretende restituir derechos y romper ciclos de vulnerabilidad, en un contexto donde el Estado de México encabeza las cifras nacionales de feminicidios con 85 casos en 2023 y más de 13,000 mujeres desaparecidas desde 1964 a 2024. La segunda reforma modifica el artículo 250 del Código Penal estatal, eliminando excepciones que permitían a familiares justificar el encubrimiento de delitos graves como feminicidio. Ahora, cónyuges, concubinos o parientes cercanos ya no podrán beneficiarse de atenuantes en estos casos. Las sanciones por encubrimiento varían de uno a tres años de prisión y multas, aumentando a cuatro a ocho años y mayor penalización en delitos de feminicidio o homicidio, con penas que pueden llegar a 12 años de cárcel si el encubrimiento es cometido por funcionarios públicos de seguridad o justicia. Estas reformas reflejan un trabajo coordinado entre Poder Legislativo y Ejecutivo para garantizar atención, justicia y reparación a las víctimas de violencia de género, fortaleciendo desde la prevención hasta la persecución penal.