El Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios dio a conocer los resultados de la evaluación al Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción (PIPER) 2023-2024, en la que se registró un 46 por ciento de eficiencia. Este resultado, equivalente a solo 60 de 128 puntos posibles, refleja un ejercicio autocrítico sin precedentes en el país.
Durante la Cuarta Sesión Ordinaria, se identificaron seis principales fallas que explican por qué el sistema anticorrupción en la entidad no funciona de manera efectiva: falta de un diagnóstico claro de los problemas, acciones desconectadas y sin objetivos alineados, además de un sistema anticuado, ya que el Sistema de Administración para Resultados Anticorrupción (SARA) opera con métodos manuales y obsoletos.
Asimismo, se puntualizó la ausencia de control total, pues no existe un registro completo de las instituciones que deben aplicar las políticas anticorrupción. La transparencia también es limitada, pues no se mide la percepción ciudadana ni se realizan estudios periódicos. Solo 25 de 260 acciones contra la corrupción pueden evaluarse con datos concretos.
En respuesta a estos hallazgos, el Comité identificó doce áreas prioritarias de mejora, incluyendo precisar los problemas públicos que justifican la política, unificar indicadores y metas en una matriz, y rediseñar el SARA para hacerlo interoperable. También se estableció la necesidad de emitir reglas de operación obligatorias, publicar estudios de percepción de corrupción cada dos años, y concentrar esfuerzos en municipios de mayor riesgo.
El secretario técnico del sistema estatal, Víctor Romero Maldonado, destacó que esta evaluación es histórica y que, a diferencia de otros estados, en el Edomex no se asignaron recursos adicionales, sino que se trabaja con recursos existentes. Además, enfatizó la importancia de evaluar las políticas de manera continua, según la normativa.
Como medida correctiva, se aprobó por unanimidad la creación de una comisión interinstitucional que trabajará en seis meses sin presupuesto adicional para presentar propuestas concretas. Ésta estará integrada por enlaces técnicos de instituciones como la Fiscalía, Contraloría, Tribunal de Justicia Administrativa, el Órgano Superior de Fiscalización, el Instituto de Transparencia y el Poder Judicial, entre otros.
Las propuestas incluirán una nueva metodología para medir el impacto de la política anticorrupción, lineamientos para municipios y una plataforma digital renovada del SARA. La efectividad de estas medidas dependerá de la voluntad política y la capacidad operativa, especialmente en el ámbito municipal, donde la corrupción tiende a ser más oculta y dañina.
