El Estado de México desarrolla el Modelo para la Gestión de Riesgos de Corrupción (MOGERIC), una herramienta técnica que permitirá a las dependencias públicas identificar y priorizar puntos críticos en sus procesos internos susceptibles a prácticas indebidas.
Según la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios (SESAEMM), el objetivo es pasar de un enfoque reactivo a uno preventivo en la lucha contra la corrupción institucional.
El documento, disponible en la página del SESAEMM, ofrece una guía para su implementación, sin un calendario oficial ni fechas obligatorias. Es una herramienta flexible, que cada institución puede adaptar según su contexto y capacidades.
El modelo consta de ocho etapas, comenzando con la identificación de riesgos, en la que las instituciones analizarán sus procesos para detectar vacíos normativos, alta discrecionalidad o conflictos de interés, mapeando actores, recursos y decisiones susceptibles de manipulación.
Luego, se valora la probabilidad y gravedad de esos riesgos para calificar su nivel, priorizando aquellos que representan mayor peligro si no se controlan. Se revisan también las medidas existentes, como leyes y procedimientos, para determinar si son suficientes o necesitan reforzarse.
Se calcula el riesgo residual, que indica el nivel de riesgo que persiste a pesar de los controles, ayudando a enfocar esfuerzos en áreas críticas. En la fase siguiente, se decide cómo tratar cada riesgo con acciones como eliminar, reducir, transferir o aceptar, y se asignan indicadores de seguimiento.
El modelo incluye un sistema de monitoreo continuo para evaluar la efectividad de las acciones y ajustar estrategias según sea necesario. Para ello, las instituciones crearán una Unidad de Análisis de Riesgos de Corrupción, responsable de coordinar, recopilar datos y reportar resultados.
El gobierno planea integrar este modelo en sus políticas de planeación estratégica, abordando los riesgos de corrupción desde el diseño de programas y políticas públicas, especialmente en áreas de alto impacto como contrataciones y servicios públicos.
