Las oficinas, empresas y particulares dedicados a la contratación de seguros en el Estado de México han implementado medidas más estrictas en sus procesos para frenar prácticas ilícitas, como el lavado de dinero, afirmó Maribel Pérez, presidenta del Consejo Asegurador Mexicano (Conamex) capítulo Estado de México.
Anteriormente, las pólizas permitían pagos en efectivo de hasta 150 mil pesos, lo que facilitaría irregularidades. Sin embargo, los nuevos lineamientos exigen que los pagos se realicen mediante transferencia bancaria o con cargos a tarjetas de débito o crédito. Actualmente, los pagos en efectivo están limitados a 25 mil pesos, y es obligatorio comprobar el origen de los ingresos.
Pérez explicó que, en el caso de los seguros de vida, existen periodos de candados importantes. Por ejemplo, si el asegurado fallece por suicidio, la cobertura se activa después de dos años de la contratación. En casos de secuestro, la suma asegurada solo puede cobrarse cinco años después de la comprobación del hecho, con el fin de prevenir fraudes o intentos de manipulación.
En el segmento de seguros para menores, los contratantes suelen ser padres o tutores, con la finalidad de evitar que se utilicen las pólizas para atentar contra la vida de los menores y así cobrar beneficios indebidos.
En los seguros educativos, la suma asegurada varía según la institución en la que estudiará el beneficiario. Por ejemplo, para una universidad privada de prestigio, el monto recomendado es aproximadamente el 10% de los ingresos familiares. Se estima que una carrera universitaria puede costar alrededor de un millón de pesos, por lo que un ahorro de 10 mil pesos mensuales durante 10 años, sumaría aproximadamente un millón 200 mil pesos, asegurando la financiación del estudio.
Pérez destacó que estos mecanismos buscan proteger a empresas, ejecutivos y familias de fraudes. El desafío actual es mantener la transparencia en la procedencia de los recursos y asegurar la integridad financiera de los asegurados.
