Desde este martes, entra en vigor la reforma al Código Penal del Estado de México que busca fortalecer las sanciones por el delito de despojo, elevando las penas de prisión y multas, además de incorporar agravantes en casos específicos.
El decreto, publicado en la Gaceta del Gobierno, fue aprobado por la LXII Legislatura local y realizado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con el fin de frenar el incremento en invasiones y usurpaciones en la entidad.
El objetivo principal de la reforma es proteger el patrimonio de los mexiquenses, ante un aumento del 68 por ciento en denuncias por despojo entre 2019 y 2025, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El Estado de México concentra el 18.4 por ciento de estos casos a nivel nacional, con un promedio de 14 denuncias diarias en 2025.
Ahora, el despojo será catalogado como delito grave en todas sus modalidades, lo que implica prisión preventiva oficiosa y la exclusión de beneficios como la fianza. Las penas para el despojo simple se incrementan a 5 a 10 años de prisión, con multas de 700 a mil días de salario mínimo; en áreas naturales protegidas, las penas aumentan a 7 a 12 años.
Si los autores son servidores públicos, las penas pueden llegar hasta 17 años de cárcel, con agravantes que aumentan hasta un 50 por ciento si el delito se comete con violencia, especialmente contra adultos mayores, mujeres embarazadas, menores, personas con discapacidad o comunidades indígenas, utilizando fraudes, documentos falsos o colusión de notarios.
Un avance clave es que las autoridades deben ordenar la restitución inmediata del inmueble en un plazo máximo de 48 horas, siempre que el denunciante acredite la propiedad con documentos registrales, evitando largos procesos judiciales que permitían a invasores mantener el control de las propiedades por años.
La reforma surge tras casos emblemáticos, como el de una mujer de 74 años en Chalco que disparó contra invasores de su casa por la falta de ayuda oportuna, y el de una anciana de 102 años en Naucalpan, que lleva seis años intentando recuperar su vivienda.
Municipios como Ecatepec, Naucalpan y Chimalhuacán continúan siendo focos rojos por operaciones de bandas dedicadas al despojo, muchas veces con la complicidad de funcionarios públicos.
En el marco de la Operación Restitución, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México ha asegurado 546 inmuebles relacionados con despojos y ocupaciones ilegales, devolviendo 140 a sus propietarios legítimos.
