En el Estado de México, cerca de 14 mil personas se encuentran inscritas en el padrón de deudores alimentarios, según datos de la diputada local Paola Jiménez. La legisladora destacó que, aunque la cifra permanece estable, refleja un problema estructural: pese a las sanciones legales existentes, muchos deudores evaden sus responsabilidades sin buscar regularizar su situación.
El artículo 217 del Código Penal mexiquense sanciona con penas de dos a cinco años de prisión y multas de 30 a 500 días de salario a quienes, estando legalmente obligados, abandonen sin causa justificada a sus familiares o acreedores alimentarios sin recursos para satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, Jiménez reconoció que estas medidas no han sido suficientes para generar un cambio.
Por ello, en el Congreso del Estado de México se contempla endurecer la normativa, incluyendo medidas como impedir la entrada a espacios públicos como estadios de fútbol y centros de recreación a los deudores alimentarios. La diputada aseguró que 'pareciera que a algunos padres les duele más no asistir a un estadio que no ser votados', y agregó que 'hay que apretar donde más les duele'.
La situación también afecta a familias como la de Erika Rosales, residente de Atlacomulco, quien desde hace tres años enfrenta la omisión de su expareja en la manutención de sus hijos. A pesar de una resolución judicial que lo obliga a pagar, su ex pareja ha evadido el pago, trabaja sin contrato para evitar embargos y continúa sin aportar para las necesidades de los niños. Erika, además, denunció penalmente y logró la inscripción en el padrón de deudores, pero aún no recibe apoyo financiero.
El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA), operado por el DIF nacional y disponible en línea, facilita la consulta pública para verificar si una persona está registrada como deudora alimentaria. El sistema, que ya funciona en 26 entidades, emite un certificado de no deudor si no se encuentra registro, simplificando procedimientos en trámites y verificaciones.
Desde el Poder Judicial del Estado de México, el magistrado Fernando Díaz Juárez destacó la alta demanda de juzgados familiares, con más de 130 mil asuntos anuales. De estos, más del 30 por ciento corresponde a denuncias por incumplimiento alimentario, resolviéndose el 80 por ciento en menos de un año. Año con año, la pandemia incrementó los casos de violencia familiar y divorcios, exacerbando la situación.
En los primeros cinco meses de 2025, la Fiscalía General de Justicia de la entidad abrió 1,143 carpetas de investigación por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar, registrando un promedio de 7.6 denuncias diarias. Esto posiciona al Estado de México como la segunda entidad con más casos en el país, solo después de Guanajuato. Los municipios con mayor número de denuncias incluyen Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan, Tlalnepantla, Tecámac y Texcoco, que concentran casi la mitad del total.
Mientras las autoridades buscan nuevos mecanismos legales y tecnológicos para presionar a los deudores, las mujeres continúan enfrentando solas la carga emocional y económica de cuidar y mantener a sus hijos, en un problema que requiere atención integral y medidas efectivas.
