La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que la extorsión es el único delito de alto impacto que no ha logrado disminuir en México, tanto en su modalidad telefónica como presencial. Mientras otros ilícitos han mostrado una tendencia a la baja en los últimos meses, la extorsión continúa en ascenso.
Durante la conferencia La Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional, se informó que Guanajuato y el Estado de México concentran la mayor cantidad de denuncias por este delito. Solo en la entidad mexiquense se han abierto mil 175 carpetas de investigación entre enero y mayo de 2025, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Especialistas advierten que estas cifras representan solo una fracción de la realidad, ya que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI revela que el 91.8% de los delitos en México no se denuncian. En el caso de la extorsión, el subregistro es aún mayor: solo el 6.7% de los casos son reportados, dejando más del 93% sin denuncia.
Las principales razones para no denunciar incluyen pérdida de tiempo, desconfianza en las autoridades y miedo a represalias, lo cual dificulta dimensionar la magnitud del problema pero evidencia su impacto cotidiano.
Frente a esta situación, el gobierno federal implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que entró en vigor el pasado domingo. El eje central es la habilitación del número 089 como canal anónimo y exclusivo para denuncias, tanto telefónicas como presenciales. ‘Ya se puede llamar al 089 sin dar el nombre. A partir de la denuncia, se activa la investigación’, explicó Sheinbaum.
Asimismo, unidades especializadas en secuestro y extorsión de los niveles estatal y federal trabajarán de manera coordinada. Se realizarán operativos en penales para bloquear teléfonos utilizados desde el interior y se implementarán medidas inmediatas para bloquear líneas telefónicas desde las cuales se realizan amenazas. Estas acciones son posibles gracias a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que otorga nuevas facultades al Estado.
El gobierno también enviará al Congreso una iniciativa para reformar el artículo 73 constitucional y crear una Ley General contra la Extorsión, permitiendo que el delito sea perseguido de oficio por el Estado y estableciendo sanciones homogéneas en todo el país. Actualmente, solo se persigue si la víctima denuncia formalmente.
La propuesta busca aliviar a las víctimas del peso de denunciar, garantizando una mayor protección y respuesta estatal, como afirmó Sheinbaum: ‘Hoy, quien tiene que denunciar la extorsión es la víctima, poniendo en riesgo su vida. Le estamos quitando ese peso. ¿Quién lo asume? El Estado mexicano’.
Por su parte, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, puntualizó que la ley permitirá mejorar la atención a víctimas y la coordinación en investigaciones, reconociendo que el Estado también es víctima de las afectaciones económicas, sociales y de seguridad provocadas por este delito.
Finalmente, se reportó que ocho estados —Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán— concentran el 66% de los casos de extorsión denunciados en México. En estas regiones, se desplegarán células especializadas con personal ministerial, policía cibernética, inteligencia financiera y operadores capacitados para atender a las víctimas.
