Las acciones recientes del ministro de Justicia de Colombia, Eduardo Montealegre, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) evidencian una disputa institucional de alto perfil en el país. En una solicitud ante el organismo internacional, Montealegre pidió medidas cautelares en su favor, alegando sentirse en riesgo por investigaciones llevadas a cabo por la Procuraduría General de la Nación, encabezada por Gregorio Eljach.
El ministro argumentó que estas acciones disciplinarias, relacionadas con supuestos nexos con la política y el uso de su cargo para calificar al expresidente Álvaro Uribe como 'criminal de guerra', representan una censura contra sus opiniones y afectan el funcionamiento del gobierno.
En su petición a la CIDH, Montealegre solicitó que se aparte a Gregorio Eljach del caso y que se designe un procurador ad hoc, alegando que la investigación vulnera sus garantías constitucionales. "Actualmente, tengo angustia constante por haber sido denunciado disciplinariamente sin motivo y por ser investigado por autoridades que parecen instrumentalizadas para censurar mis opiniones políticas y dañar el funcionamiento del gobierno, afectando mi integridad moral", expresó el ministro.
La confrontación se intensificó cuando Montealegre acusó directamente a Eljach de prevaricar y de supuestamente aliarse con el abogado Abelardo de la Espriella para perjudicarlo. Además, criticó que se limite su derecho a expresarse como víctima en procesos relacionados con Uribe y en ámbitos académicos.
El ministro también solicitó una investigación sobre el patrimonio de Gregorio Eljach, sugiriendo posibles casos de enriquecimiento ilícito vinculados a su cercanía con De la Espriella, Uribe y el exmagistrado Jorge Pretelt Chaljub. Montealegre recordó episodios pasados en los que Eljach, en su rol como secretario general del Senado, habría filtrado información de manera ilegal a favor del magistrado Pretelt, durante una investigación de la Comisión de Acusaciones. Como fiscal general, ordenó interrogar a Eljach sobre estos hechos, señalando obstáculos en la investigación.
Montealegre denunció que la actual decisión de la Procuraduría de abrir dos procesos en su contra parecería una venganza, dado que Eljach, quien en 2015 fue investigado por la Fiscalía por una filtración, ahora ocupa el cargo de Procurador y ha iniciado esas investigaciones contra él, basándose en diferencias políticas.
Finalmente, advirtió que la situación genera un riesgo significativo para la libertad de expresión y podría conllevar a su suspensión del cargo, ya que sus recursos y recusaciones ante la Procuraduría han sido rechazados y Eljach ha hecho declaraciones públicas sobre el proceso, lo que, en su opinión, agrava la amenaza a sus derechos fundamentales.
