A partir de septiembre de 2024, el Estado de México comenzará a aplicar sanciones económicas por el uso excesivo de plásticos de un solo uso, como parte de una estrategia para combatir la grave contaminación generada por residuos en la región, informó la secretaria de medio ambiente, Alhely Rubio Arronis.
En entrevista, Rubio Arronis explicó que, aunque la legislatura estatal ya aprobó las modificaciones legislativas pertinentes, será responsabilidad de los municipios implementar estas disposiciones. Los lineamientos estatales que regularán dicha transición estarán listos en julio, permitiendo un periodo de 90 días para su socialización antes de que entren en vigor las sanciones, las cuales se aplicarán desde septiembre.
Respecto al esquema de multas, que entrará en vigor en septiembre, estos se calcularán considerando diversos factores como la capacidad económica del infractor y la gravedad de la infracción. Principalmente, las sanciones afectarán a establecimientos comerciales que sigan distribuyendo plásticos de un solo uso de manera gratuita, incluyendo negocios de alimentos, tiendas de conveniencia y supermercados.
Rubio Arronis destacó que la prohibición no será absoluta, contemplando excepciones para sectores que, por razones sanitarias o técnicas, requieran seguir usando estos materiales.
Este esfuerzo surge en un momento crítico, ya que los rellenos sanitarios reciben diariamente aproximadamente 17 mil toneladas de basura generada en el Estado de México, además de 8 mil toneladas provenientes de la Ciudad de México y 2 mil de Hidalgo, según la funcionaria.
Se estima que el 70% de los residuos inorgánicos son plásticos desechables, lo que equivale a unas 5 mil toneladas diarias de residuos que, en su mayoría, terminan contaminando ríos, barrancas y sistema de drenaje.
Un aspecto clave de la normativa es que obliga a las dependencias gubernamentales a eliminar progresivamente el uso de plásticos desechables en sus operaciones.
Rubio Arronis reiteró que, mientras se acerca la fecha de implementación, las autoridades trabajan en la elaboración de manuales y criterios para que los 125 municipios puedan aplicar la ley de manera uniforme. Reconoció que un gran reto será la falta de infraestructura en muchos ayuntamientos para fiscalizar y hacer cumplir la norma, por lo que el gobierno estatal ofrecerá asesoría técnica y capacitación.
Sobre las crecientes problemáticas ocasionadas por las lluvias y la acumulación de basura en cauces naturales y sistemas urbanos, la funcionaria mencionó que los esfuerzos institucionales chocan con hábitos culturales arraigados, como la práctica de arrojar basura en espacios públicos y cuerpos de agua. Esta costumbre, dijo, dificulta un manejo adecuado de residuos y agrava las inundaciones, que podrían ser mucho peores sin las acciones de limpieza en marcha.
