HUEHUETOCA, Estado de México, 29 de junio de 2025.- El Ejido de Huehuetoca, fundado en 1925 y conformado por más de mil propietarios, denunció que la familia Pérez Lizaur busca despojarlos de aproximadamente 70 hectáreas de manera ilegal, con apoyo presunto del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10 de Tlalnepantla. Los ejidatarios demandan la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar un proceso transparente, exento de intereses particulares y manipulación judicial.
Representantes del comisariado, entre ellos Benjamín Feregrino, José Luis Orozco, Andrés Colín, Juan Velázquez, Juan Garfias y Juan Hernández, relataron que el pasado 4 de junio una instancia judicial intentó ejecutar una orden de ocupación en el predio. La operación fue evitada tras presentar mapas certificados que acreditan su legítima propiedad, sin embargo, en 2023 el Tribunal falló en su contra en el expediente 810/2011, ordenando tomar posesión con apoyo de la Guardia Nacional.
Los ejidatarios exigieron la intervención de la Presidencia de la República y de la Procuraduría Agraria, argumentando que el proceso judicial viola derechos y favorece intereses particulares: “Pedimos a la presidenta de México que defienda la justicia y el humanismo, que evite favorecer intereses económicos en perjuicio del ejido”, afirmaron.
Además, señalaron que el Tribunal de Tlalnepantla ignoró sus argumentos y emitió una nueva orden para apoderarse del terreno durante la primera semana de junio, apoyado por más de 100 agentes de la Guardia Nacional, acción que calificaron como un acto de injusticia y abuso judicial.
La familia Pérez Lizaur, encabezada por Joaquín Pérez Lizaur, ha estado intentando desde 2011 acreditar la propiedad del predio, basándose en documentos presuntamente emitidos por su difunto padre, Jacobo Pérez Barroso. No obstante, los ejidatarios aseguran que dichos documentos contienen coordenadas imprecisas, baja legibilidad y contradicciones con los registros oficiales agrarios. También exhibieron un documento de 1982, firmado por autoridades estatales y municipales, en el que Jacobo Pérez Barroso reconocía que las tierras no le pertenecían y las entregaba al ejido.
Los habitantes de Huehuetoca argumentan que cuentan con mapas y documentos oficiales del Registro Agrario Nacional, INEGI y del programa PROCEDE que respaldan la propiedad legal del predio, que forma parte de las más de 3,100 hectáreas que comprende el ejido.
“Nos oponeremos a que se vulneren nuestros derechos por intereses económicos de unos cuantos. No buscamos confrontación, pero exigimos que se respete la ley y se valoren las pruebas legítimas”, concluyeron los ejidatarios.
