El Movimiento Mexicano de la Defensa del Maíz, junto con el diputado Gerardo Pliego, presentó una iniciativa en el Estado de México para crear un Consejo Regulador del Maíz Nativo, con el objetivo de salvaguardar, regular y promover las variedades autóctonas del grano en la entidad. Además, buscan gestionar su denominación de origen ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Esta propuesta surge tras reformas constitucionales que reconocen al maíz como patrimonio biocultural y símbolo de identidad nacional, y responde a la necesidad de proteger las 64 razas de maíz nativo ya declaradas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). La iniciativa contempla añadir un capítulo a la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo, estableciendo funciones para verificar, certificar y promover la autenticidad de las semillas tradicionales.
El Consejo Regulador tendría la facultad de registrar y proteger las variedades nativas, fomentar estudios para mejorar su cultivo, vigilar la presencia de semillas transgénicas y promover la denominación de origen para garantizar su procedencia y calidad. También trabajaría en coordinación con el Banco de Germoplasma del Estado de México y apoyaría económicamente a productores y guardianes del maíz tradicional, promoviendo la conservación de este patrimonio genético.
Jesús de la Cruz, uno de los promotores, destacó que el maíz es mucho más que un alimento; es un símbolo de identidad para comunidades indígenas y afromexicanas, y un pilar de la soberanía alimentaria. La obtención de la denominación de origen sería clave para valorizar económicamente estas variedades y evitar su desplazamiento por semillas industriales, garantizando su conservación para futuras generaciones.
Cabe destacar que en el Estado de México ya exists la Ley de Fomento y Protección del Maíz Nativo como Patrimonio Biocultural y Alimentario, que protege las razas reconocidas por la CONABIO, preservando un legado histórico y genético que debe mantenerse libre de contaminación transgénica.
Adicionalmente, la misma organización presentó una propuesta para modificar el Código Penal estatal, incluyendo el artículo 229 Bis, que sanciona con hasta 30 años de cárcel y medio millón de días multa a quienes siembren, distribuyan o comercialicen maíz transgénico en la región. La legislación prevé penas de 10 a 15 años y multas de 10 mil días a quienes cultiven sin autorización, y en casos que provoquen enfermedades o contaminación genética, las sanciones se duplicarían.
La iniciativa también denuncia intentos de 'biopiratería' por parte de empresas que registran patentes sobre variedades derivadas del maíz nativo y desarrollan semillas estériles, lo que atentaría contra los derechos de los campesinos mexicanos.
Tras su presentación, el proyecto será analizado por los diputados locales; de aprobarse, el Estado de México sería una de las primeras entidades en contar con un marco legal específico para proteger su maíz nativo y promover su reconocimiento mediante una denominación de origen a nivel nacional e internacional.
