El 69% de las microempresas en El Salvador operan en condiciones de subsistencia, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE), presidida por Paul Steiner. Este sector conforma la mayor parte del tejido empresarial del país y enfrenta desafíos importantes para su integración a la economía formal.
La clasificación de microempresas en El Salvador divide al sector en cinco categorías, siendo las dos primeras aquellas en las que predominan unidades de subsistencia, en las que los emprendedores actúan principalmente como vendedores y no como empresarios. Steiner indicó en una entrevista con Infobae El Salvador que "el 69% de todas las microempresas del país se ubica en estas categorías de subsistencia", resaltando la magnitud del reto para el sector productivo.
Estas microempresas, que se concentran principalmente en comercio y servicios, generan ingresos básicos para sus propietarios sin aspirar a un crecimiento empresarial significativo. Steiner agregó que "muchos ni siquiera se ven como empresarios, sino como vendedores".
Para afrontar esta problemática, el Gobierno de El Salvador lanzó en 2023 la Política de Integración Económica para la Microempresa, bajo la administración del presidente Nayib Bukele. La iniciativa tiene como meta formalizar a más de 800,000 microempresarios, buscando transformar negocios de subsistencia en unidades productivas sostenibles y rentables.
Dentro de las acciones destacadas de esta política, se han promovido reformas legales que simplifican los trámites para registrar y operar microempresas, incluyendo la creación de Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). Desde su implementación, se han registrado más de 7,000 nuevas empresas bajo este esquema.
Camilo Trigueros, director del Centro Nacional de Registros (CNR), informó que para finales de 2025, la modalidad de SAS facilitará la creación de aproximadamente 7,200 nuevas empresas, ya que elimina requisitos como la necesidad de notario, reduce el capital inicial y permite constituciones electrónicas gratuitas. Trigueros afirmó que "el único límite es la actividad económica que decida emprender el empresario".
La estrategia gubernamental también incluye incentivos fiscales, acceso a financiamiento mediante fideicomisos, capacitación técnica y simplificación de trámites regulatorios. La lucha contra la informalidad es uno de los pilares principales, y la política busca modernizar y digitalizar los servicios públicos para facilitar la formalización.
El plan, que cuenta con la coordinación de una mesa interinstitucional conformada por instituciones como el ISSS, el Ministerio de Hacienda, el Banco Central, entre otros, pretende mejorar el marco legal, simplificar procesos, promover la gestión del conocimiento empresarial y facilitar el acceso a financiamiento.
Steiner ha destacado que la formalización permitirá ampliar la base fiscal del Estado, así como también fomentar la generación de empleo y el desarrollo local a mayor escala. Además, el presidente de CONAMYPE ha señalado que uno de los principales retos es "integrar las economías micro y productivas a la estructura económica del país", con el fin de que estas empresas dejen la subsistencia y se consolidan como actores económicos formales y sostenibles.
