Durante los primeros nueve meses de 2025, la ejecución del presupuesto de la Administración Pública Nacional en Argentina mostró una reducción real del gasto total del 31% comparado con 2023, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Esta disminución afectó casi todos los sectores del Estado, con recortes significativos en salud, educación, ciencia, seguridad social y desarrollo productivo.
Organismos clave que sufrieron grandes recortes incluyen la Superintendencia de Servicios de Salud, que redujo su presupuesto en un 70%, y varios hospitales nacionales con caídas del 30% al 38%. El Instituto Malbrán perdió un 22%, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) un 28%, mientras que el Incucai registró un incremento del 42%.
En ciencia, el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación retrocedió un 83%, afectando también al Conicet, Conae, Servicio Meteorológico Nacional y Servicio Geológico Minero Argentino, con desplomes entre 19% y 35%. En educación, programas fundamentales como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente dejaron de ejecutarse, y los fondos para becas, formación docente y obras públicas cayeron hasta un 89%.
El sector de desarrollo productivo también sufrió fuertes recortes: la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo redujo su gasto en un 78%, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) un 45%, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) un 38%. La Comisión Nacional de Energía Atómica disminuyó en un 44%, mientras que el Entidad Reguladora de Energía (ENRE) y Enargas redujeron su financiamiento en un 22% y 28%, respectivamente.
En el área social, las reducciones fueron igualmente marcadas. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) recortó su gasto en un 7%, pero en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia llegó al 72%. Los fondos del Instituto Nacional de Capacitación (Inaes) decrecieron un 74%, y programas como Economía Social, Protección Social y Primera Infancia experimentaron caídas de entre 88% y 100%. Los comedores comunitarios tuvieron un ajuste del 63%.
El Ministerio de Capital Humano, que concentra varias áreas sociales y educativas, fue el más afectado, con una disminución del 49% en gasto en Educación y del 72% en Niñez y Familia. Otros ministerios como el de Economía, con recortes del 51%, y Relaciones Exteriores, con un 21%, también sufrieron reductores presupuestales.
Por otro lado, el gasto en inteligencia del Estado aumentó un 35% respecto a 2023.
El proyecto de Presupuesto 2026, elaborado por el Ministerio de Economía y analizado por el CEPA, prevé mantener el ajuste mediante un marco legal que refuerza un 'blindaje fiscal'. Este establece que si la recaudación supera las expectativas, el Gobierno podrá reducir impuestos; si los ingresos caen, deberá recortar gasto discrecional en áreas clave.
El presupuesto mantiene una meta de superávit fiscal del 1.5% del PBI y un resultado financiero positivo del 0.3%. La proyección de crecimiento económico del 5% se sitúa por encima del 4.4% estimado por el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.
En gasto, se persiste en recortar en áreas sensibles: en educación, aunque las partidas aumentan un 4% nominal sobre 2025, los recursos para universidades y programas de becas se reducen considerablemente, con caídas acumuladas del 76% desde 2023. La inversión en ciencia también sufre, con recortes en Conicet y otros institutos.
En el sector social, la Agencia Nacional de Discapacidad y fondos para comedores comunitarios siguen enfrentando recortes, aunque en menor grado, en línea con la baja en índices de pobreza e indigencia.
El CEPA alerta que el Presupuesto 2026 no solo mantiene, sino que profundiza la tendencia de reducciones estructurales en el gasto público, eliminando garantías como la movilización de asignaciones familiares, y eliminando fondos clave para educación, ciencia y defensa.
Hernán Letcher, director del CEPA, advierte que este desfinanciamiento afecta las capacidades institucionales del Estado y su soberanía técnica y científica, al dejar de invertir en sectores estratégicos.
Desde la perspectiva fiscal, Nadin Argañaraz, presidente de Iaraf, señala que el gasto crece por debajo del PBI, reduciendo la participación del Estado en la economía, y que los recortes en subsidios y obra pública provocan menor consumo y actividad económica en cadenas relacionadas.
Finalmente, analistas como Daniel Garro interpretan estos recortes como una estrategia política para cerrar o limitar organismos considerados ineficientes o redundantes, mediante desfinanciamiento y cierre encubierto, sin impacto relevante en la actividad económica general, pero con efectos en la estructura estatal y en la capacidad de gestión pública.
