El atentado contra los activistas venezolanos Yendri Velásquez y Luis Alejandro Peche en Bogotá ha puesto en evidencia la expansión internacional de la persecución política. Ambos, que huyeron de Venezuela buscando asilo tras denunciar violaciones de derechos humanos, fueron atacados a tiros en un acto que resume una problemática que trasciende fronteras.
Este tipo de violencia no es un caso aislado, sino una estrategia recurrente de los regímenes autoritarios. Desde Moscú, Caracas y Beijing, estos gobiernos han perfeccionado mecanismos para silenciar a sus críticos, incluso lejos de su territorio. Lo alarmante es que el exilio ya no ofrece la misma protección de antes.
Vladimir Putin ha llevado esta práctica a un nivel de sofisticación sin precedentes. Casos emblemáticos como el envenenamiento en Londres del ex agente del FSB Alexander Litvinenko en 2006 con polonio-210, y los ataques en Salisbury en 2018 contra Sergei Skripal con agentes nerviosos Novichok, evidencian un poder de alcance global. A estos se suma el asesinato del checheno Zelimkhan Khangoshvili en Berlín en 2019, una operación ordenada directamente por el Kremlin, señalando que las represiones extraterritoriales son una política de Estado.
En el mismo tenor, China ha desarrollado estrategias como Fox Hunt y Sky Net para repatriar disidentes y críticos bajo acusaciones de corrupción o delitos financieros, muchas veces sin garantías judiciales. La coerción se materializa en acoso digital, vigilancia, amenazas a familiares y una narrativa que justifica la represión como medida para mantener el orden.
El caso venezolano, aunque reciente, refleja esta misma tendencia. Denuncias desde Colombia, Perú, Chile y España indican que agentes del SEBIN y la DGCIM llevan a cabo operaciones de inteligencia y amenazas en el extranjero. El secuestro y asesinato del ex teniente Ronald Ojeda en Chile en febrero de 2024, por órdenes presuntas del régimen de Nicolás Maduro, ejemplifica la peligrosidad de la persecución transnacional. Las pruebas y testimonios señalan a figuras como Diosdado Cabello en estos crímenes.
El caso de Yendri Velásquez y Luis Peche debe ser un llamado de atención: la persecución política ya no se limita a las fronteras del país autoritario. El exilio, un refugio para quienes buscan evitar la represión, se convierte en una zona vulnerable cuando las dictaduras extienden su control más allá de sus límites. La impunidad y la complicidad de quienes miran hacia otro lado favorecen estos crímenes.
La democracia implica límites y garantías, entre ellas el respeto al derecho de asilo y la seguridad de quienes huyen de la opresión. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro ha sido señalado por permitir que el país sirva como extensión del brazo criminal de Maduro, poniendo en duda la protección a los exiliados venezolanos. La historia y los casos internacionales convergen en una advertencia clara: perseguir y atacar disidentes en el extranjero es un ataque directo a la libertad y a los principios democráticos.
