El Congreso de los Diputados de España rechazó este martes una iniciativa de Vox, apoyada por el Partido Popular, para prohibir el uso del burka y niqab en espacios públicos. La votación, que refleja las diferencias internas en la Cámara Baja, ha abierto un debate sobre la regulación de prendas religiosas consideradas 'opresoras de la mujer'. La propuesta fue descartada, pero el debate sobre restricciones en prendas religiosas continúa generando divisiones, especialmente en el PSOE. Mientras algunos partidos, como Junts de Carles Puigdemont, se mostraron a favor de legislar en ese sentido, argumentando que las prendas representan valores contrarios a la igualdad, el PSOE expresó críticas hacia la iniciativa y rechazó que se utilice para estigmatizar a mujeres migrantes. La portavoz socialista, Patxi López, afirmó que la medida de Vox pretende 'avivar el odio' y que la ley no puede centrarse en la 'circulación masiva' de personas con rostros ocultos, ya que en España el uso del burka es de carácter testimonial. Sin embargo, el partido reconoció que el debate debe abordarse con serenidad y que no existe una posición unificada en su internalidad sobre el tema. En el ámbito local, hubo antecedentes en la política catalana: en 2010, el ayuntamiento de Lleida intentó prohibir el burka en espacios municipales, pero la ordenanza fue invalidada por el Tribunal Supremo por vulnerar derechos fundamentales. También en L'Hospitalet de Llobregat, se aprobaron medidas similares, con apoyo de los socialistas y el Partido Popular, que buscaban limitar el uso del velo en edificios públicos. Común en las críticas, la izquierda, incluyendo a fuerzas como Sumar y Más Madrid, calificó la propuesta de 'retrógrada' y afín a criminalizar a las mujeres migrantes, reiterando que la libertad religiosa está garantizada en la Constitución y que propuestas como la de Vox solo buscan fomentar la exclusión y el odio. La discusión continúa evidenciando la polarización en torno a la regulación de prendas religiosas en España, en un contexto donde la libertad individual y los derechos de las mujeres migrantes se mantienen en el centro del debate.
