TOLUCA, Edomex., 16 de octubre de 2025.- Con la finalidad de fortalecer las sanciones por el delito de extorsión en sus diversas formas, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa en el Congreso del Estado de México para penalizar el uso de calcomanías en transporte público que identifican a conductores que pagan cuotas ilegales, también conocidas como derecho de piso para operar.
La bancada verde destacó que en los últimos meses se ha detectado esta modalidad de extorsión dirigida a transportistas, por lo que proponen incluir en las conductas del delito la imposición de estos adhesivos, símbolos o señales relacionadas con la delincuencia organizada, o que no tengan la aprobación de la Secretaría de Movilidad.
Asimismo, la iniciativa contempla que sea obligatorio el uso de señalizaciones que hagan referencia a grupos sindicales, uniones o organizaciones no reconocidas ni reguladas oficialmente por la Secretaría de Movilidad Estatal.
En cuanto a las sanciones, los diputados buscan incrementar las penas actuales, que oscilan entre 40 y 70 años de prisión o prisión vitalicia, además de multas de 700 a 5 mil días. La propuesta añade que quienes conduzcan unidades con estos adhesivos o distintivos no autorizados puedan recibir hasta 10 años de cárcel y multas de 600 días de salario.
También se propone que los vehículos que porten estos elementos no autorizados por la Secretaría de Movilidad puedan ser retirados de circulación, así como aquellos que alteren, sustituyan u oculten parcialmente o en su totalidad los elementos de identificación oficiales, incluyendo ubicaciones en vidrios, puertas, toldos o carrocería, o que modifiquen la imagen vehicular de forma ilícita.
Además, se contempla retirar de circulación a las unidades si se comprueba que no coinciden con los datos registrados en el padrón oficial, como número, placas, color o tipo de unidad, si carecen de los distintivos oficiales, si prestan servicio sin estar registrados, o si circulan con concesiones suspendidas o revocadas, incluso manteniendo sus distintivos.
La iniciativa también busca sancionar a quienes coloquen o porten calcomanías, distintivos o emblemas en transporte público que simulen pertenecer a corporaciones oficiales, sindicatos registrados o uniones reconocidas, considerando esto como usurpación de funciones.
Con esta propuesta, los diputados del PVEM buscan frenar el delito de extorsión en el Estado de México, una de las entidades con mayor incidencia a nivel nacional. A pesar de que en los primeros nueve meses del 2025 se iniciaron cerca de 800 carpetas de investigación por extorsión en la entidad, lo que representa una reducción de casi 30 por ciento respecto al mismo período del año anterior, la problemática aún persiste, y esta iniciativa busca fortalecer las medidas contra estos delitos.
