Tras la aprobación de los ayuntamientos mexiquenses, los diputados locales del Estado de México ratificaron la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem). Sus funciones serán asumidas por nuevas instituciones que deberán crearse en los próximos meses.
El acuerdo establece que los poderes públicos, municipios y organismos autónomos estarán obligados a transparentar sus acciones de manera clara, veraz y accesible, garantizando que la información pública se difunda bajo los principios de máxima publicidad y legalidad. Además, se señala que la información relacionada con la vida privada y datos personales deberá ser protegida conforme a las leyes vigentes.
Las reformas prevén la creación de mecanismos y procedimientos eficientes para solicitar información, presentar recursos de revisión o corregir datos personales. Estos trámites podrán realizarse por medios electrónicos mediante un sistema automatizado que será regulado por la ley secundaria correspondiente.
Un aspecto central del decreto es la obligación de toda persona servidor pública de colaborar con las autoridades encargadas de garantizar la transparencia y protección de datos. Estas instituciones deberán diseñar programas de difusión y cultura cívica para promover el ejercicio del derecho a la información.
En el ámbito administrativo, el artículo 129 reformado ordena que los entes públicos ajusten sus estructuras organizativas bajo criterios de racionalidad y austeridad, eliminando duplicidades y modernizando la gestión pública. Esto busca fortalecer instituciones más eficientes y reducir el gasto público.
El decreto también reestructura el Sistema Estatal Anticorrupción. El artículo 130 bis señala que su Comité Coordinador estará integrado por las titulares de la Secretaría de la Contraloría, el Órgano Superior de Fiscalización, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa, un representante del Tribunal de Disciplina Judicial y una persona del Comité de Participación Ciudadana, quien presidirá dicho órgano. La intención es fortalecer la coordinación en materia de rendición de cuentas.
La Legislatura estableció un plazo de 90 días naturales para que se aprueben las leyes secundarias que definirán la nueva estructura del sistema de transparencia en la entidad.
Mientras estas normas no entren en vigor, el Infoem seguirá operando y sus actos jurídicos seguirán siendo válidos. Sus recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos serán transferidos a las nuevas instituciones, garantizando el respeto a los derechos laborales del personal.
Por último, las personas comisionadas del Infoem concluirán sus funciones una vez que la nueva legislación entre en vigor, salvo quienes ya hayan terminado su encargo anteriormente. Los convenios, acuerdos o contratos vigentes del instituto continuarán vigentes hasta que sean ratificados o modificados por las nuevas autoridades.
