El Ejército Popular Revolucionario (EPR) afirmó que, durante los meses de junio, julio y septiembre de este año, el gobierno federal detuvo a supuestos militantes de su organización. Sin embargo, negó que alguna de estas personas sea un “testigo colaborador” del Estado, en referencia a un declarante con clave “Salvador”, cuyas declaraciones estarían siendo utilizadas en expedientes judiciales contra ciudadanos y organizaciones sociales.
En un comunicado firmado por el Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) y su Comandancia General, el EPR acusó a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Fiscalía General de la República (FGR) de inventar las declaraciones de “Salvador”, calificándolas como mentiras surrealistas que carecen de rigor objetivo.
El grupo insurgente insistió en que ninguno de los detenidos recientemente ni los ciudadanos vinculados en la misma investigación pertenecen al EPR, y calificó las acusaciones como parte de una estrategia de criminalización del movimiento social y revolucionario.
Asimismo, el EPR sostuvo que desde el sexenio de Felipe Calderón se han fabricado expedientes para incriminar a inocentes mediante el uso de testigos protegidos, práctica que, afirman, continúa vigente. Además, acusó que el actual gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo continúa con “planes contrainsurgentes” heredados de administraciones anteriores, manteniendo procesos jurídicos fabricados en sexenios pasados.
El grupo afirmó que las instituciones represivas, en particular la cúpula policial-militar encargada de planear y ejecutar la contrainsurgencia, operan con los mismos métodos y objetivos, imputando falsamente delitos para encarcelar a luchadores sociales, opositores y defensores de derechos humanos por motivos políticos.
Por otra parte, el EPR reapareció en su pronunciamiento para denunciar la falta de avances en la investigación por la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ocurrido en Oaxaca en mayo de 2007, en pleno sexenio de Felipe Calderón. Diversas organizaciones de derechos humanos responsabilizan al Estado mexicano por este caso, que incluso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El grupo acusó a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Gobernación de mantener estancados los trabajos de la Comisión Especial de Búsqueda (CEB), lo que consideran una estrategia deliberada para dar por muerto a sus militantes y cerrar el caso bajo condiciones de impunidad.
