En 2026, el gobierno federal de Claudia Sheinbaum Pardo destinará aproximadamente 2,582 pesos por cada habitante para garantizar el Estado de derecho, cifra que representa solo el 0.9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y México Evalúa.
Este gasto cubre recursos destinados a seguridad nacional, orden público y justicia, distribuidos entre instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En total, se prevé un gasto de 347 mil millones de pesos en 2026, lo que equivale únicamente al 3.4 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para ese año.
No obstante, Jorge Cano, coordinador del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, indicó que la cifra per cápita para seguridad es mil pesos menor en comparación con lo aprobado en 2025, evidenciando una insuficiencia en el financiamiento frente a las necesidades del país.
Mariana Campos, directora general de México Evalúa, comparó estos recursos con el gasto per cápita en Estados Unidos, que es aproximadamente 350 dólares (más de 6,000 pesos), resaltando que algunos gobiernos parecen buscar ‘sobrevivir’ en lugar de abordar soluciones a largo plazo. La especialista destacó la importancia de dejar de priorizar presupuestos cortoplacistas y pensar en el desarrollo futuro.
El análisis de México Evalúa revela además que, por cada 100 pesos que ingresa al erario público en 2026, 75 están comprometidos en pagos inevitables como pensiones, endeudamiento y transferencias a estados, dejando un escaso margen para nuevas inversiones.
Respecto al sistema de cuidados, se contempla un fondo de 466 mil 800 millones de pesos, pero solo el 5.1 por ciento de esa cantidad estaría destinado a programas dirigidos a cuidados infantiles, señalando una rigidez cada vez mayor en el esquema fiscal y un limitado espacio para atender necesidades sociales.
El estudio concluye que la administración federal enfrenta un contexto de menor flexibilidad financiera, con un gasto cada vez más restringido para afrontar los principales problemas públicos y garantizar derechos fundamentales.
