El Gobierno español está en negociaciones con los grupos parlamentarios para implementar penalizaciones fiscales dirigidas a propietarios que incrementen el precio de sus viviendas en alquiler, según informó hoy El País y confirmaron fuentes oficiales a Europa Press. La propuesta contempla sancionar a los arrendadores mediante el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), específicamente a aquellos que aumenten las rentas al renovar contratos, sin afectar las actualizaciones habituales vinculadas al Índice de Precios al Consumo (IPC). Tras la resistencia de los socios del Gobierno a una propuesta previa que proponía exonerar completamente a los propietarios que mantuvieran los precios, los ministerios de Hacienda y Vivienda están evaluando un modelo que combine beneficios fiscales con medidas que desincentiven el aumento descontrolado de los alquileres. La iniciativa surge en un contexto donde casi 1.6 millones de inquilinos podrían enfrentarse a subidas del 30% en sus rentas al finalizar más de 630 mil contratos durante 2026. Hasta ahora, la estrategia del Ejecutivo ha sido ofrecer reducciones y deducciones en el IRPF para los caseros, aunque estas medidas podrían modificarse si avanza la propuesta. Además, sectores como el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el partido Sumar han propuesto extender la prórroga automática de los contratos de alquiler como la principal medida para frenar la escalada de precios, recibiendo apoyo en ese enfoque. La discusión continúa en fase de negociación y contempla diversas alternativas para gestionar el mercado del alquiler en el próximo año.
