El robo de combustible, conocido como huachicol, se ha consolidado como un factor principal en la escalada de violencia en México, advierte un análisis de la fundación InSight Crime, especializada en investigar amenazas a la seguridad en América Latina.
Según el reportaje del investigador Sam Woolston, a medida que el huachicol se expandió en el país, se convirtió en una de las economías ilegales más grandes y mortales, afectando a ciudadanos, policías y trabajadores petroleros. Esta actividad criminal requiere el uso de la fuerza para controlar territorios cercanos a oleoductos y otras infraestructuras petroleras, generando un escenario propenso a enfrentamientos violentos.
Desde 2015, el robo de combustible ha mostrado un crecimiento exponencial, alcanzando picos en 2018 y 2019, impulsado por la alta demanda social y la débil capacidad institucional. Aunque se implementaron operativos federales en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en 2024 y 2025 se registró un aumento del 33 por ciento en las pérdidas, con el surgimiento del ‘huachicol fiscal’ como una variante más rentable.
Las cifras indican un aumento en las perforaciones ilegales, pasando de unas 8,400 en 2015 a casi 15,000 en 2024, con picos particularmente altos en estados como Tamaulipas y Querétaro. Un ejemplo de la violencia generada por esta actividad se vive en Tabasco, estado rico en petróleo, donde la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha provocado una división entre los grupos criminales locales, aumentando la incertidumbre y la violencia.
Entre 2023 y 2024, la tasa de homicidios en Tabasco se triplicó, pasando de 9.4 a 34.1 por cada 100 mil habitantes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La captura reciente de Hernán N., jefe de seguridad en Tabasco y líder del grupo La Barredora, revela la influencia del CJNG en el control territorial y las ejecuciones en contra de rivales.
En diciembre de 2023, la fractura interna en La Barredora fue evidente cuando la agrupación se dividió en dos facciones: una aliada con el CJNG y otra que inició una resistencia brutal. La escalada de violencia en Tabasco refleja fenómenos similares en regiones como Guanajuato, donde la lucha entre el CJNG y el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) elevó la tasa de homicidios a niveles alarmantes. En 2024, Guanajuato registró 62.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, la segunda tasa más alta en México.
Este escenario evidencia cómo el huachicol continúa siendo un motor crucial de violencia y desestabilización en diversas regiones del país, alimentando conflictos entre grupos criminales y generando un incremento en los niveles de inseguridad en México.
