Las subastas del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) han ganado notoriedad por la venta de bienes ostentosos, como ranchos, residencias de lujo, autos de alta gama y joyas exóticas, asegurados a la delincuencia organizada y puestos a la venta al mejor postor.
Sin embargo, existe una faceta poco conocida del catálogo del Indep que se asemeja más a un mercado de pulgas que a una venta organizada: la comercialización de artículos de segunda mano como trastes de cocina, papelería, ropa y objetos de plástico, algunos de los cuales alcanzan a costar apenas un peso.
Lejos de representar una oportunidad de negocio, estos objetos se convierten en una carga para la institución, ya que su mala calidad y estado hacen que no se vendan, generando costos en almacenamiento, vigilancia y administración. El Sol de México tuvo acceso a una lista de bienes que el instituto vende de forma directa, sin necesidad de subasta, debido a su escaso valor comercial.
Entre los artículos más insólitos figura un escurridor de cocina valorado en dos pesos, que está roto, decolorado y sucio. Este lote 924, ubicado en el almacén del Servicio de Administración Tributaria en Azcapotzalco, fue incautado por las autoridades hacendarias tras un embargo por adeudos fiscales.
Ricardo Rodríguez Vargas, primer director del Indep, comentó que esos objetos ocupan espacio y generan costos sin retorno económico. «Vender algo a dos pesos es un contrasentido económico», afirmó, sugiriendo que la institución debería agrupar estos bienes y venderlos en bloque, ya que la venta individual solo fomenta la chatarra.
El Reglamento de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público explica que los objetos provenientes de aseguramientos de la Fiscalía General de la República (FGR) deben tener un valor mínimo que justifique su gestión. Por otra parte, materiales de otras fuentes, como objetos abandonados o incautados que no cumplen con ese umbral, pueden ser aceptados sin importar su estado.
El artículo 13 señala que los bienes transferidos al Indep deben valer más que seis meses de salario mínimo en la Ciudad de México, salvo excepciones como bienes de comercio exterior o abandonados al gobierno federal. Cuando provienen de confiscaciones al crimen organizado, el instituto puede rechazar artículos cuya administración supere los recursos que se obtendrían de su venta, como residencias, autos, joyas, maquinaria y obras de arte, que se subastan en procedimientos formales.
Las finanzas del Indep enfrentan dificultades, ya que los gastos en almacenamiento, administración, vigilancia y servicios legales superan en más de tres veces sus ingresos por ventas.
Un ejemplo del bajo valor de algunos bienes es un paquete de cortes de acetatos en un peso en la alcaldía Azcapotzalco, probablemente de cargamentos incautados en aduanas. El listado completo de estos objetos inservibles era público hasta hace una semana, pero ahora el instituto lo actualiza para ofrecer artículos con un precio máximo de cinco mil pesos en ventas directas.
Los productos se eliminan del listado ya sea porque se venden, expiró su publicación, o por su incorporación a subastas próximas, previstas para la próxima semana en la Ciudad de México.
El exdirector Rodríguez opina que acumular bienes de escaso valor solo incrementa los gastos del instituto y que una solución sería aprovechar más la figura de extinción de dominio. Este mecanismo legal se presenta como una herramienta para acelerar la disponibilidad de bienes inmuebles y facilitar su venta, ayudando a reducir costos administrativos y de vigilancia, además de desmantelar la estructura financiera del crimen.
La extinción de dominio permite que el Estado se apropie de bienes ilícitos sin compensación al propietario, mediante procesos judiciales más ágiles, facilitando así la generación de ingresos para la institución y contribuyendo a la lucha contra el crimen organizado.
