El Papa León XIV designó a Mons. Adolfo Miguel Castaño Fonseca como nuevo obispo de la Diócesis de Atlacomulco, en el Estado de México, en respuesta a la crisis de confianza generada por recientes casos de abuso sexual dentro de la iglesia local. La designación fue divulgada oficialmente por la Iglesia católica este 11 de febrero de 2026, en un momento de fuerte controversia por denuncias y procesos judiciales vinculados a presuntos casos de abuso cometidos por sacerdotes y otros miembros de la estructura eclesiástica.
El nombramiento ocurre tras varios años de escándalos que han marcado la reputación de la diócesis, incluyendo denuncias de abuso sexual por parte de cuatro sacerdotes y un acólito en el Seminario Mayor entre 2015 y 2017, además de la detención en 2023 de un sacerdote por agresión sexual contra menores. En julio de 2025, otra investigación llevó a la detención de un diácono transitorio por presunto abuso de dos menores, lo que intensificó las críticas y exigencias de mayor transparencia y mecanismos de prevención en la institución.
Previo a la llegada de Castaño Fonseca, el obispo anterior presentó su renuncia sin dar explicaciones públicas, lo que profundizó la incertidumbre entre los fieles y observadores externos. La histórica problemática por la falta de claridad en la gestión fue uno de los principales motivos de la reestructuración pastoral en la región, considerada estratégica por su extensión territorial y número de fieles.
El nuevo obispo enfrenta el desafío de reconstruir la confianza de la comunidad, fortalecer los protocolos de protección y colaborar estrechamente con las autoridades civiles en las investigaciones abiertas. La elección busca sender un paso importante hacia la recuperación de la credibilidad de la diócesis, en un contexto en el que la Iglesia mundial ha reforzado sus políticas contra los abusos y promovido una cultura de tolerancia cero.
La llegada de Mons. Castaño marca una nueva etapa en una de las diócesis más observadas del país debido a su historial reciente. La comunidad religiosa, junto con organizaciones civiles, esperan que su liderazgo impulse procesos de mayor transparencia y atención a las víctimas, además de promover entornos seguros para toda la comunidad eclesiástica.
