El Poder Judicial del Estado de México enfrenta significativos retos en su estructura, incluyendo una insuficiencia de personal, la necesidad de renovar edificios antiguos y la incorporación urgente de tecnología moderna, reconoció el magistrado presidente Héctor Macedo García, a una semana de asumir el cargo tras la primera elección judicial que también tomó protesta a jueces y magistrados. Según el diagnóstico inicial, uno de los problemas más urgentes es la carga de trabajo excesiva para los jueces civiles y familiares, causada en parte por un déficit de personal que afecta la agilidad en los procesos y la atención a los ciudadanos. Esta problemática no solo afecta el ámbito jurisdiccional, sino también las áreas administrativas y técnicas que sostienen el funcionamiento diario de los tribunales. Por ello, Macedo García adelantó que el presupuesto para 2026 será objeto de análisis para posibles recursos adicionales, en espera de una evaluación detallada de las necesidades. Además, advirtió que muchos de los edificios construidos en 1995, que albergan juzgados y salas, no cumplen con los requerimientos actuales, ya que carecen de la tecnología adecuada y presentan limitaciones físicas tanto para el personal como para los usuarios. Como parte de la estrategia, se organizarán foros regionales en las zonas judiciales de Ecatepec, Tlalnepantla, Texcoco y Toluca, abiertos a universidades, académicos y ciudadanía, para recabar propuestas que orienten las prioridades del Poder Judicial. El primer foro será un encuentro exprés con jueces, especialistas y ciudadanos, con la finalidad de identificar las necesidades más urgentes. Sobre el presupuesto, Macedo García informó que ya existe un anteproyecto para 2026, que será revisado por el órgano de administración judicial. Aunque el Poder Judicial participa en la discusión de manera técnica, será necesario evaluar a fondo las carencias en infraestructura y personal antes de solicitar recursos extraordinarios. El magistrado también mencionó que la creación de nuevas figuras, como el Tribunal de Disciplina y el órgano de Administración Policial, implica atender necesidades adicionales sin descuidar la operación cotidiana de los tribunales.
