La Mesa de Trabajo por una Pensión Digna en El Salvador presentó su propuesta de reforma del sistema de pensiones para 2026, con la que busca corregir el grave déficit actuarial de más de 16 mil millones de dólares y ampliar la cobertura de la población activa. La iniciativa, revelada por el representante Patricio Pineda y a la que tuvo acceso Infobae, propone un modelo de esquema mixto que combina capitalización individual administrada por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y un sistema de reparto solidario gestionado por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP). El diseño apunta a fortalecer la equidad, mejorar la cuantía de las pensiones, limitar la tasa de reemplazo al 60%, y reducir el déficit del sistema previsional en unos 5.377 millones de dólares, disminuyendo así el panorama fiscal a mediano plazo. Actualmente, el sistema solo abarca al 27% de la población económicamente activa, con altos niveles de deuda, bajos salarios, informalidad laboral y un incremento en la población de adultos mayores, que crecerá 2% para 2025 en comparación con 2007. La propuesta contempla que el 16% del total cotizado por los trabajadores se destine a financiar los beneficios: 2% para la cuenta individual, 13.2% para reparto colectivo y 0.8% en administración. Se establecerán edades de retiro de 55 años para mujeres y 60 para hombres, con un mínimo de 25 años cotizados y un beneficio mínimo de 400 dólares mensuales. Además, se incorpora el saldo del Fondo Social para la Vivienda en la base de cálculo de la pensión y se limitará la tasa de reemplazo a un 60% del último salario activo, con un tope salarial de 3,000 dólares. Los análisis actuariales muestran que, aunque el déficit persistirá en el corto plazo, la nueva estructura reduciría la brecha en más de 5 mil millones de dólares en 25 años. De concretarse, el sistema beneficiaría a los trabajadores en aumentos de pensión: por ejemplo, un trabajador con un última salario de 963.67 dólares pasaría de recibir 400 dólares (43.39%) a aproximadamente 555 dólares (60%). La propuesta fue presentada como punto de partida para una reforma que requiere aprobación urgente por la Asamblea Legislativa, cumpliendo con el plazo límite del 10 de febrero establecido en acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, para garantizar fondos por 1,400 millones de dólares y evitar el colapso del sistema previsional del país.
