A menos de tres semanas de las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026 en México, los debates políticos se centran no solo en las reformas que definirán el próximo mandato, sino también en los candidatos que buscan llegar o mantenerse en el Congreso a pesar de contar con procesos judiciales en curso. Según un informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), de los 3,144 candidatos inscritos ante la Junta Nacional Electoral, al menos 195 enfrentan investigaciones por causas judiciales, disciplinarias o fiscales de alta gravedad. La mayoría de estos aspirantes corresponde a partidos tradicionales como el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Morena y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), aunque también hay candidatos en organizaciones políticas emergentes. Entre los casos más notorios, el informe menciona situaciones relacionadas con escándalos en torno a financiamiento ilegal, corrupción y vínculos con estructuras delictivas, hechos que han originado investigaciones desde diversas instancias. Algunos candidatos destacados con procesos abiertos incluyen a políticos que buscan mantener o acceder a cargos en el Congreso, como integrantes del PRI, PAN, Morena y otros partidos menores, quienes todavía no tienen condenas definitivas en su contra. Aunque en algunos casos estos procesos no impiden su participación electoral, la presencia de aspirantes con antecedentes en investigación genera controversia. Además, el informe advierte sobre candidaturas impulsadas por grupos políticos afectados por condenas previas por delitos como la defraudación o la parapolítica, lo que refleja la persistencia de prácticas cuestionadas en la política mexicana. También se identifican más de 41 aspirantes que podrían estar en condiciones de inhabilitación debido a contratos con el Estado gestionados en los seis meses previos a su inscripción, lo que podría derivar en recursos legales ante el Tribunal Electoral. Por otra parte, la Misión de Observación Electoral (MOE) ha señalado la falta de transparencia en la financiación de campañas, con una baja participación en plataformas de seguimiento como 'Cuentas Claras', dificultando el monitoreo en tiempo real de los recursos utilizados. Sin embargo, algunos analistas recuerdan que, mientras no exista una condena definitiva, prevalece la presunción de inocencia, lo que permite que muchos candidatos con procesos en marcha compitan en estas elecciones. La elección del 8 de marzo determinará no solo la composición del Congreso para el período 2026-2030, sino también el grado de depuración en las prácticas políticas, según el informe, ya que redes de clientelismo y estructuras investigadas aún mantienen presencia en el órgano legislativo del país.
