Durante 2024, en el Estado de México se registraron al menos dos nacimientos en los que las madres eran niñas menores de 13 años, según datos de la Secretaría de Salud (SSA). En ambos casos, los padres son adultos con diferencias de edad significativas.
El primer caso ocurrió en Texcoco, donde una niña de apenas 10 años figura como madre en el acta de nacimiento, mientras que el padre tiene 32 años. Este caso ubica a la entidad entre las que registran los embarazos infantiles más graves a nivel nacional.
El segundo se presentó en El Oro, donde la madre tiene 12 años y el padre 65.
Estas situaciones colocan al Estado de México entre las entidades con casos más alarmantes, considerando la edad de las madres y las disparidades con los padres, que en muchos casos representan violencia sexual y posibles abusos.
La organización Reinserta, que lleva más de una década trabajando con niñas, niños y adolescentes afectados por la violencia, subrayó que los embarazos infantiles deben ser considerados como señales de riesgo graves, no solo como datos administrativos.
De acuerdo con Reinserta, dos de cada tres sobrevivientes de violencia sexual atendidas por la organización son niñas o adolescentes.
Además, cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que nueve de cada diez delitos sexuales en México no se denuncian, lo que incrementa la impunidad y la falta de atención institucional ante estos casos.
Frente a este panorama, Reinserta hizo un llamado a las autoridades mexicanas para adoptar tres medidas urgentes:
1. Investigar todos los casos en los que una menor quede embarazada por un adulto, con el fin de sancionar la violencia sexual.
2. Implementar una Ruta Nacional de Atención Integral que asegure acceso efectivo a servicios médicos, psicológicos, legales y educativos especializados.
3. Activar protocolos de denuncia y protección en hospitales, escuelas y registros civiles cada vez que se detecte un embarazo infantil.
Por otro lado, en el listado nacional de nacimientos con importantes diferencias de edad entre los padres, municipios como Otzolotepec y Toluca registraron madres que tenían entre 19 y 22 años, mientras que los padres superaban los 70 y hasta 85 años, con brechas de hasta seis décadas.
Aunque estos casos no constituyen delitos por sí mismos, especialistas advierten que estas relaciones pueden estar mediadas por condiciones de desigualdad, dependencia económica o coerción, especialmente cuando las mujeres jóvenes carecen de redes de apoyo o autonomía.
Reinserta reiteró que los embarazos en niñas deben abordarse como consecuencia de violencia sexual, no como fenómenos sociales inevitables. Destacó que la maternidad forzada en menores de edad pone en grave riesgo su salud física y emocional, además de afectar su desarrollo a largo plazo.
Por ello, la organización instó a las autoridades estatales y federales a asumir su responsabilidad y garantizar entornos seguros, libres de violencia, donde las niñas no sean obligadas a convertirse en madres ni a convivir con sus agresores.
