La Justicia de Neuquén avanzó en el control del patrimonio de la ex vicegobernadora Gloria Ruiz, destituida en agosto pasado por presuntos hechos de corrupción. Un embargo por 121.849.220 pesos recae sobre sus bienes, en una investigación que la acusa de enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta agravada.
Las medidas cautelares incluyen la inmovilización de cinco cuentas bancarias, la vivienda familiar en Plottier y una camioneta Toyota SW4 adquirida por 76.837.220 pesos. Según el fiscal de Delitos Económicos Juan Narváez, estos pasos buscan garantizar reparaciones patrimoniales ante el daño al patrimonio público. La decisión fue confirmada por un tribunal integrado por los jueces Juan Kees, Marco Lúpica Cristo y la jueza Carolina García, tras rechazar los planteos de la defensa.
Narváez explicó que el monto corresponde a pérdidas económicas provocadas por la acusación de enriquecimiento ilícito y maniobras fraudulentas en la gestión de fondos públicos. La vivienda de Ruiz, cuya tasación oficial está pendiente, también quedó bajo embargo, al igual que las cuentas, de las cuales solo se retiene hasta un 20% para el pago de haberes. La camioneta continúa bajo custodia judicial, a la espera de una resolución sobre el pedido de restitución de la defensa.
En las audiencias, el fiscal y la defensa mantuvieron duros intercambios, según informó Diario Río Negro. La investigación también alcanzó a María Isabel Ricchini, exsecretaria de la Cámara de la Legislatura, cuyo patrimonio por inmovilizar supera los 90 millones de pesos, por su rol en el circuito de corrupción.
El análisis fiscal resalta que la incapacidad de Ruiz para justificar su incremento patrimonial, que contrasta con sus ingresos, refuerza la acusación. La compra de la camioneta y otras transacciones son consideradas como enriquecimiento ilícito de magnitud significativa, sin justificación acorde a sus ingresos legales.
Además, la causa amplió su alcance a otros exfuncionarios, incluyendo a Pablo Ruiz, hermano de la exvicegobernadora y excoordinador de Casa de las Leyes, así como a Éilda Noemí Sánchez, exprosecretaria administrativa. Se les atribuyen contrataciones irregulares por más de 45 millones de pesos, realizados sin los procedimientos adecuados.
Las medidas judiciales incluyen una inhibición general de bienes por diez meses para los involucrados, y se ordenó la continuidad de la investigación por cuatro meses, pese a que la fiscalía solicitó que la causa fuera considerada como caso complejo. Los querellantes sostienen que estos embargos aseguran fondos para posibles decomisos y reparaciones en caso de condena.
