Cuauhtémoc Salvador Ortega Nila, empresario dedicado a la compraventa de productos cárnicos, acusó a autoridades de la fiscalía regional de Texcoco de intentar extorsionarlo en complicidad con particulares. La víctima, quien había surtido mercancía por un monto de 1.1 millones de pesos, afirmó que fue citado en el domicilio de sus deudores bajo la apariencia de saldar una deuda y firmar un convenio para finalizar la relación comercial.
Ortega explicó que al llegar encontró a un abogado y a un exservidor público ligado a la Fiscalía de Homicidios. Tras no concretarse un acuerdo, acudió voluntariamente al Ministerio Público, donde, asegura, ya lo esperaban sus deudores y fue detenido junto con diez de sus familiares.
Según su testimonio, en esa intervención se le exigió el pago de 70 mil pesos para evitar la judicialización del caso, además de que se le obligó a firmar un convenio por solo 500 mil pesos, menos de la mitad de la deuda original.
‘Nos dijeron que si no firmaba el acuerdo nos trasladarían al penal, a mí y a mis familiares, que estaban conmigo en una celda de tres por tres metros. Tuve que aceptar para evitar un daño mayor’, relató.
El empresario afirmó que cuenta con evidencia documental y mensajes que prueban que la cita fue organizada por sus deudores, además de la legalidad de la transacción comercial. Subrayó que realiza operaciones al mayoreo con registros fiscales y actas constitutivas, y que en lugar de resolver la deuda, se habría fabricado un delito en su contra en complicidad con las autoridades.
Este caso se suma a una serie de señalamientos de corrupción en el Estado de México. Datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que en 2025 se han abierto 1,696 carpetas de investigación por delitos cometidos por servidores públicos, principalmente por abuso de poder y extorsión.
En una protesta frente a Palacio de Gobierno, Ortega Nila exigió que se garantice una investigación imparcial y que su caso no derive en represalias. Asimismo, solicitó la intervención de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para obtener justicia, incluyendo la revisión de presuntas fabricaciones de cargos en su contra.
