La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) y la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) expresaron su preocupación ante la reforma a la Ley de Amparo, aprobada en el Senado y en discusión en el Congreso, calificándola como una posible amenaza para la inversión, la competitividad y la generación de empleo en México.
Las organizaciones empresariales señalaron que, aunque la intención de la reforma es agilizar el acceso a la justicia, varias de sus disposiciones limitan significativamente el uso del juicio de amparo como mecanismo de protección legal, poniendo en duda la seguridad jurídica, un pilar fundamental del Estado de Derecho.
Canacintra explicó que el juicio de amparo ha sido históricamente una herramienta esencial para proteger la actividad empresarial y los derechos colectivos. Sin embargo, la reforma propone cambios considerados regresivos, como la restricción del interés legítimo, la limitación en las suspensiones provisionales y la posibilidad de incumplir sentencias mediante argumentos de “imposibilidad jurídica o material”.
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la restricción a la suspensión provisional del acto reclamado, un recurso clave para evitar daños irreversibles a las empresas mientras se resuelve un juicio.
Canacintra advirtió que excluir la suspensión inmediata en casos de bloqueos de cuentas, telecomunicaciones, sistemas financieros o concesiones en sectores estratégicos, representa un riesgo regulatorio severo y desincentiva la inversión extranjera y nacional.
Por su parte, Coparmex coincidió en que, sin la posibilidad de suspender inmediatamente actos que afectan la operación de las empresas, muchas de ellas no podrán continuar actividades durante el proceso judicial.
La reforma también redefine el concepto de interés legítimo, que ahora solo podrá invocarse si se acredita una “lesión jurídica real, actual y diferenciada”, lo que, según Coparmex, limitaría la capacidad de comunidades, organizaciones y cámaras empresariales para defenderse de normas inconstitucionales antes de que causen daños irreparables.
Asimismo, ambas organizaciones alertaron sobre la disposición que exime de responsabilidad penal a las autoridades que incumplen sentencias de amparo si alegan imposibilidad jurídica o material, lo que, en su opinión, reduce la eficacia del mecanismo y permite que entidades públicas justifiquen incumplimientos con argumentos económicos o de presupuesto.
La reforma también introduce restricciones en materia fiscal y financiera, eliminando la posibilidad de ampliar demandas y limitando el amparo contra procedimientos fiscales de ejecución, dejando a las empresas con menos herramientas de defensa. Además, las nuevas reglas para garantizar créditos, que solo permiten depósitos en efectivo o cartas de crédito, excluyen opciones como inmuebles o negocios en marcha, lo que afecta sobre todo a las micro, pequeñas y medianas empresas.
Finalmente, las cámaras empresariales coincidieron en que esta reforma representa un retroceso para el Estado de Derecho y solicitaron al Congreso abrir un proceso de Parlamento Abierto para revisar y modificar las disposiciones, señalando que el amparo es la última barrera para proteger a la ciudadanía y a las empresas frente a decisiones arbitrarias. Debilitarlo, advirtieron, no solo perjudica al sector empresarial, sino también a la sociedad en general.
