Empresarios del Estado de México discutieron la propuesta de la Ley General de Infraestructura para el Bienestar, un marco normativo que busca transformar la planificación y ejecución de proyectos estratégicos en el país.
Durante el foro, se explicó que la iniciativa legislativa establece un marco legal moderno y eficiente para fortalecer la construcción, mantenimiento y gestión de obras prioritarias, promoviendo alianzas público-privadas inclusivas que compartan riesgos y optimicen capacidades técnicas y financieras de ambos sectores. Asimismo, la ley prioriza la transparencia, sostenibilidad ambiental y equidad social en el desarrollo de infraestructura.
El vínculo con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue destacado, ya que la propuesta busca reducir disparidades territoriales, mejorar el acceso al agua, movilidad y soberanía energética.
Germán Jalil Hernández, presidente del Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México (CCEEM), resaltó que la infraestructura representa cerca del 25% del Producto Interno Bruto nacional, con la industria energética aportando el 4% del PIB y el 20% de los ingresos federales. Ahí también señaló la meta de aumentar la inversión en infraestructura del 21.7% actual al 28% del PIB para 2030, mediante mecanismos de coinversión, tarifas sociales diferenciadas y protección frente a pasivos heredados.
Sandra Miranda Navarro, presidenta del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de México, enfatizó que la infraestructura es clave para promover el bienestar social, cohesión territorial y competitividad. Subrayó la importancia de un modelo de colaboración público-privada con visión a largo plazo.
Horacio Duarte Olivares, secretario general de Gobierno del Estado de México, remarcó que el esquema mixto de inversión es fundamental para abordar rezagos históricos en infraestructura, enfatizando que ‘se trata de generar empleo, servicios y riqueza para todos’.
Por su parte, Carlos Maza Lara, titular de Desarrollo Urbano e Infraestructura del estado, informó que en los primeros dos años del gobierno de Delfina Gómez Álvarez se han invertido 1,500 millones de pesos en espacios públicos, como parques y mercados, demostrando que con colaboración público-privada se pueden lograr avances significativos.
La propuesta legislativa fue impulsada por el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, quien subrayó la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de inversión que complemente la reconstrucción social del sexenio anterior, y propuso una convención nacional para definir esquemas claros de inversión mixta, garantizando bienestar social y retorno económico. Dijo que, ante limitaciones presupuestales —con solo 800 mil millones de pesos previstos para 2025 frente a una necesidad de 1.7 billones—, se busca movilizar recursos en fondos y fideicomisos para alcanzar el 5% del PIB en infraestructura.
En el primer panel, los empresarios destacaron que obras como carreteras, hospitales y escuelas son esenciales para ofrecer servicios de calidad y sostenibles. Resaltaron que el 65% de las carreteras rurales con alianzas público-privadas están en municipios de alta marginación, evidenciando la necesidad de inversión en todas las regiones. La ley debe establecer reglas claras, métricas verificables y mecanismos de rendición de cuentas para garantizar la calidad y sostenibilidad de los contratos, incluyendo participación bancaria y financiamiento internacional.
Reconocieron que México tiene un déficit histórico en infraestructura, con menor inversión relativa comparada con Perú, Chile y Colombia, por lo cual proponen invertir aproximadamente 75 mil millones de dólares anuales durante 30 años, equivalente al 5% del PIB, para cerrar brechas.
Finalmente, en el segundo panel, el sector privado proyectó que para 2030 se requerirán casi 65 mil megavatios adicionales de electricidad, donde el 32% será generado con energías limpias, generando inversión y empleo. Además, se alertó sobre la alta dependencia del gas natural importado de Estados Unidos, que en 2024 alcanzó 6,408 millones de pies cúbicos diarios, en contraste con la caída del 8.1% en la producción nacional.
