El reciente decreto tarifario del Estado de México, que incrementa la tarifa del transporte público, también impone una serie de obligaciones a los transportistas. Sin embargo, según el gremio, dichas medidas aún no podrán aplicarse plenamente mientras la Secretaría de Movilidad no emita las reglas técnicas correspondientes.
En respuesta a estos desafíos, los empresarios propusieron la creación de un Consejo Consultivo de Transporte integrado por autoridades, concesionarios y usuarios. Este órgano tendría la función de supervisar de manera continua los avances en la modernización del sector y garantizar que las medidas se implementen de manera factible.
Odilón López Nava, delegado en el Estado de México de la Cámara Nacional de Autotransporte de Pasaje y Turismo (Canapat), expresó que buscan que las decisiones sean participativas y que las reglas se construyan con todos los actores del sistema, no solo desde una oficina gubernamental.
El decreto, publicado el 10 de octubre en la Gaceta del Gobierno por el secretario de Movilidad, Daniel Sibaja González, establece que todas las unidades deberán portar la cromática MoviMex y contar con cámaras de videovigilancia actualizadas antes del 31 de diciembre. Sin embargo, las concesionarias están a la espera de una norma técnica oficial para cumplir con estos requisitos.
Luis Alejandro Bernal, presidente del bloque de transportistas del Valle de Toluca, aclaró que, debido a la falta de una norma técnica pública, no se pueden calcular los costos de cambio de cromática ni iniciar los trabajos de repintado, que implican desmontar rótulos y realizar reparaciones varias.
En relación a las cámaras de videovigilancia, las empresas han instalado sistemas propios con recursos internos, pero sin una red integrada que permita su monitoreo en tiempo real por parte del C5 o la Secretaría de Movilidad.
Asimismo, el decreto ordena una reestructura del transporte público, exigiendo que todas las concesiones se registren ante la autoridad, bajo la condición de que las unidades que no lo hagan serán retiradas de circulación. Los empresarios apoyan esta medida, pero solicitan que también se aplique a los transportes informales que operan sin permisos.
El gremio subrayó que la modernización debe incluir la profesionalización de los operadores, proponiendo que la capacitación deje de ser un trámite interno y pase a formar parte de procesos certificados por las Secretarías del Trabajo y de Educación. Esto incluiría formación en atención al usuario, primeros auxilios, manejo defensivo y normatividad.
En cuanto a la renovación vehicular, los transportistas demandaron una implementación gradual, ya que el aumento en los costos de los vehículos nuevos, que en algunos casos duplican su precio respecto a 2020, dificulta su cumplimiento. La escasez de proveedores nacionales para surtir la demanda también representa un obstáculo.
El decreto entrará en vigor el próximo miércoles, fecha en la que se podrá cobrar legalmente la tarifa base de 14 pesos; sin embargo, los tarifarios oficiales se harán públicos en esa misma fecha, debido a que publicarlos antes sería considerado una violación a la normativa.
