El gobierno de Entre Ríos anunció este jueves un aumento salarial para los efectivos de la Policía provincial y del Servicio Penitenciario, en una medida destinada a evitar un efecto contagio de la crisis social que atraviesa Santa Fe. El incremento no remunerativo y no bonificable será efectivo desde febrero de 2026, alcanzando los 200 mil pesos para agentes de menor antigüedad y 350 mil pesos como tope, según la escala vigente.
La decisión se dio en medio de esfuerzos del gobierno santafesino, liderado por Maximiliano Pullaro, por descomprimir la tensión en Rosario, donde las protestas policiales reflejaron una crisis en la seguridad pública. En 2013, una situación similar derivó en un acuartelamiento policial en Concordia y un breve período de saqueos, con saldo de tres muertes.
Paralelamente, en Entre Ríos, un grupo de familiares de agentes policiales y penitenciarios convocó a una protesta para marzo, una movilización que fue anticipada por el gobierno provincial. La rápida decisión de los autoridades provinciales también buscó mostrar una respuesta inmediata en el ámbito de las reivindicaciones salariales del sector.
El incremento en Entre Ríos fue anunciado en un contexto en el que el escalafón de seguridad recibió mejorías antes que otros sectores del Estado, cuya revisión salarial está prevista para febrero y marzo, con reuniones programadas para el 19 y 23 de ese mes respectivamente. La paritaria de los docentes comenzará una semana antes, en plena preparación para el ciclo lectivo.
Según explicó el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, el aumento contempla la revisión de los códigos 101 y 133, afectando a personal en actividad, y elevará el sueldo de un agente con un año de antigüedad a aproximadamente 1.302.000 pesos. Además, se actualizó la jubilación de oficiales, estableciendo un monto fijo mensual de 100 mil pesos desde 2026.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, suele destacar la labor de su fuerza policial, asegurando que es la mejor del país. La administración enfrenta desafíos económicos por caída en recursos propios y en fondos coparticipables, y busca equilibrar las demandas salariales con las restricciones presupuestarias.
El ministro de Economía, Fabián Boleas, indicó que las negociaciones salariales están en proceso, buscando una propuesta sostenible para el estado. Frigerio también expresó la intención de alcanzar acuerdos similares a los logrados en 2022, aunque advirtió sobre las limitaciones económicas actuales, haciendo énfasis en que las ofertas deberán ser realistas y ajustadas a la recaudación provincial, que aún no se ha recuperado completamente.