A pesar de que la pobreza en el Estado de México disminuyó en un 1.5% entre 2018 y 2024, pasando de 7 a 5.5 millones de personas, la población vulnerable por carencias sociales aumentó de 4.4 a 5.5 millones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). La profesora en Economía del Tecnológico de Monterrey, campus Toluca, Cynthia Valeriano, afirmó que es esencial que el gobierno estatal y federal revisen sus políticas sociales para garantizar el acceso efectivo a derechos como empleo digno, seguridad social, vivienda, alimentación nutritiva y educación.
Valeriano explicó que los programas sociales, aunque ayudan a cubrir necesidades básicas, no logran reducir las desigualdades estructurales ni mejorar la calidad de vida de manera sustentable. Además, resaltó que la política económica, centrada en el crecimiento y el fortalecimiento empresarial, debe conectar con mecanismos que fomenten el emprendimiento y la formalización laboral.
La especialista advirtió que, si las unidades económicas siguen enfrentando dificultades para mantenerse abiertas o si la actividad productiva se desalienta, los jóvenes egresados de las instituciones educativas no accederán a empleos mejor remunerados. La proliferación de empleo informal y negocios sin registros adecuados sigue siendo un problema, impactando tanto en la recaudación fiscal como en la vulnerabilidad de los trabajadores.
Valeriano también subrayó el papel de las remesas, que en el primer semestre de 2023 disminuyeron un 19.7%, pasando de 2,27 mil millones a 1,82 mil millones de dólares, en parte debido a la política antimigrante de Estados Unidos, que ha obligado a muchos migrantes a buscar nuevas fuentes de ingresos. Sin embargo, la dependencia de remesas y programas sociales no es suficiente para garantizar una vida digna.
En cuanto a los programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, la experta cuestionó si realmente están contribuyendo a reducir la carencia educativa, un derecho constitucional que requiere del compromiso y la acción del Estado. Señaló que la política social en los últimos años ha fallado en captar a las poblaciones más vulnerables y en reconocer las condiciones estructurales que limitan su desarrollo.
Finalmente, el análisis de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza resalta que, si bien las transferencias federales han aumentado significativamente, su distribución no llega a los hogares de menores ingresos, quienes reciben menos del 4% del ingreso total familiar. Esto evidencia que las políticas sociales actuales requieren un replanteamiento profundo para lograr reducir eficazmente la desigualdad y ofrecer condiciones de vida dignas para toda la población.
