La propuesta de reforma a la Ley de Amparo enviada por el Gobierno Federal podría marcar un retroceso histórico en el acceso a la justicia en México, alertaron expertos durante la segunda audiencia pública en el Senado el martes 30 de septiembre. Aunque la iniciativa introduce avances en materia digital, diversos juristas y defensores de derechos humanos expresaron preocupaciones sobre cómo algunas disposiciones podrían limitar la protección de derechos fundamentales.
Samantha Ayala García, de Ayala Arcipreste y Asociados, valoró positivamente la obligación de que todas las autoridades tengan usuario digital en los juicios de amparo. Sin embargo, señaló riesgos en otros aspectos, como la ampliación de la demanda y el cumplimiento de sentencias. La limitación de la ampliación de la demanda a supuestos taxativos, advirtió, puede hacer que el proceso sea más formal y costoso, llevando a retrasos y dificultando el acceso a la justicia.
También cuestionó que las multas por incumplimiento de sentencias ya no sean personales y puedan imputarse al erario, lo que, alertó, podría reducir el incentivo individual para obedecer las resoluciones judiciales.
Por su parte, el exmagistrado Juan Pablo Gómez Fierro advirtió que la reforma restringe el concepto de interés legítimo, crucial para casos colectivos como temas ambientales o derechos reproductivos desde 2011. La exigencia de un beneficio directo y actual limita la legitimación y perjudica principalmente a quienes menos recursos tienen para acceder a un amparo.
Asimismo, expresó su preocupación ante los cambios en materia de suspensión, pues la obligatoriedad de exigir apariencia de buen derecho reduciría la posibilidad de conceder medidas cautelares, esenciales para proteger derechos humanos. La falta de suspensiones, dijo, disminuiría considerablemente la eficacia del amparo.
El académico y exdiputado Jaime Cárdenas Gracia consideró que la reforma busca evitar abusos del mecanismo en ámbitos fiscal y financiero, con ejemplos como litigios contra el SAT o el uso de suspensiones provisionales por grupos criminales y empresas fachada. Sin embargo, apuntó que el interés legítimo no debe confundirse con un interés simple y que los cambios deberían canalizarse a través de la vía política y no del amparo.
Desde el Centro Prodh, Ivette Galván García expresó que la reforma representa un retroceso, ya que limita el interés legítimo a casos de lesión jurídica real, actual y diferenciada. Citas históricas, como el amparo que creó el Banco Nacional de Datos Forenses tras la desaparición de Marco Antonio Montoya en Guanajuato, ejemplificaron la utilidad de esta figura, riesgo que, advirtió, podría verse afectada.
Galván García advirtió que la reforma cierra caminos y podría devolvernos décadas en avances en derechos humanos. Por su parte, Rogelio Zacarías Rodríguez reconoció que el interés legítimo no será eliminado, sugiriendo matizar los requisitos de beneficio directo, y celebró la incorporación del artículo 166, que permite el amparo contra la prisión preventiva oficiosa, considerándolo un avance para garantizar mayor control judicial.
Mientras algunos especialistas ven beneficios en la digitalización y en la revisión adhesiva, la mayoría coincidió en que los cambios en interés legítimo, suspensión y ampliación de la demanda constituyen un retroceso en la protección de los derechos humanos en México.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López Hernández, anunció que la iniciativa será discutida y votada en los próximos días, lo que mantiene en alertas a defensores y expertos en derechos humanos.
