Expertos en materia electoral coincidieron en que la próxima Reforma Electoral en México debe centrarse en fortalecer a los organismos públicos locales electorales (OPLEs), aprovechar avances tecnológicos como el voto electrónico y la identificación biométrica, y mantener una coordinación efectiva entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y los institutos estatales, evitando una centralización que pueda poner en riesgo la organización de los procesos democráticos.
Durante las Audiencias Públicas sobre la Reforma Electoral, la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, sostuvo que el federalismo electoral es clave para consolidar procesos democráticos sólidos. Sin embargo, advirtió que trasladar todos los conflictos a la esfera federal no solo sería ineficiente, sino también peligroso, enfatizando que la eficiencia en la coordinación requiere de confianza y trabajo conjunto entre instituciones.
Pulido Gómez propuso repensar el marco de competencias y explorar esquemas de capacitación unificada entre el INE y los OPLEs, así como devolverles funciones como la fiscalización y los conteos rápidos, lo cual aliviaría la carga del órgano electoral nacional. También destacó que México busca procesos democráticos de calidad con costos reducidos, siempre distinguiendo la austeridad de la precariedad.
En ese sentido, consideró que el voto electrónico podría reducir gastos y modernizar el sistema, siempre que se implemente de forma gradual y acompañado de campañas pedagógicas para generar confianza. Citó experiencias exitosas en Estonia y Brasil, donde la transparencia y pruebas constantes han fortalecido estos sistemas.
De cara a las elecciones de 2027, las más grandes en la historia del Estado de México —que incluirán la renovación del Congreso local, 125 ayuntamientos y unos 500 cargos judiciales—, recomendó realizar cualquier reforma en etapas para no afectar la organización de los comicios.
Por su parte, la académica Laura Leticia Heras enfatizó que el asunto no debe centrarse en la desaparición de los OPLEs, sino en su fortalecimiento. Recordó su papel en acercar la democracia a comunidades rurales y diversas, y propuso tres ejes prioritarios: garantizar financiamiento fijo y proporcional a la expansión del padrón, fortalecer la cultura cívica mediante alianzas con instituciones educativas para fomentar la participación desde temprana edad y reducir la desinformación, y reforzar la confianza ciudadana en los procesos electorales.
Palmira Tapia propuso además integrar la CURP biométrica como documento único de identidad y credencial para votar, coordinando esfuerzos entre el RENAPO y el INE. Esto facilitaría trámites, reduciría costos y permitiría mantener actualizados los padrones, con una transición prevista hasta 2030.
Tras escuchar las propuestas, el coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar, aclaró que aún no existe un proyecto de reforma electoral definido, ya que el proceso está en la fase de recopilación de propuestas ciudadanas. La propuesta final se elaborará en 2026, y su discusión en el Congreso de la Unión comenzaría en febrero de ese año.
Zaldívar aseguró que no se eliminará la representación proporcional, sino que se busca rediseñar el modelo para lograr una distribución más justa en el Congreso, considerando mantener a los OPLEs con revisiones en sus funciones y nombramientos. También resaltó la necesidad de reducir costos en elecciones y financiamiento partidista, siempre con decisiones basadas en estudios técnicos.
En cuanto al voto electrónico, destacó que la prioridad es garantizar la ciberseguridad y la certeza en los resultados, considerando que un avance real sería permitir el voto desde cualquier lugar con dispositivos móviles. Sin embargo, reconoció que México aún no está listo tecnológicamente para una implementación a gran escala.
