El Infonavit propone un programa para regularizar viviendas en situación irregular mediante esquemas de renta con opción a compra, una iniciativa vista como viable por expertos si se implementa con garantías jurídicas y sin fomentar la normalización de ocupaciones ilegales. Daniela Sánchez Carro, coordinadora de la Clínica Jurídica de Derecho a la Vivienda de la Universidad Iberoamericana, afirmó que el enfoque tiene un impacto social positivo si se ejecuta adecuadamente, pues el fenómeno del abandono habitacional en México está ligado a la falta de servicios, inseguridad y precariedad laboral. Sánchez Carro señaló que el programa podría beneficiar a familias que ocupan estas viviendas por necesidad, siempre y cuando se asegure la certeza jurídica, condiciones de habitabilidad y que no se permitan invasiones con fines económicos. Advirtió que el éxito dependerá de la atención caso por caso, considerando que existen redes organizadas que lucran con invasiones y reventas ilegales en varias regiones del país. De acuerdo con Octavio Romero, director general del Infonavit, se han identificado 168 mil viviendas en condición irregular, mayormente en fraccionamientos de interés social construidos en la última década con financiamiento del organismo. De ese total, 145 mil están ocupadas por personas que dejaron de pagar créditos o invadieron casas deshabitadas, y otras 23 mil permanecen vacías o vandalizadas. Los estados con mayor incidencia de abandono o invasiones son Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Zacatecas e Hidalgo, donde hasta el 20 por ciento del parque habitacional se encuentra en abandono, según datos del Coneval. Héctor Magaña, coordinador del Centro de Investigación en Economía y Negocios (CIEN), recordó que el déficit habitacional en México alcanza casi el 70 por ciento, dificultando el acceso a vivienda, especialmente para quienes no tienen créditos del Infonavit o Fovissste. Magaña señaló que el Estado debe intervenir para garantizar condiciones de bienestar sin criminalizar la necesidad de vivienda, destacando que la iniciativa puede ofrecer soluciones si se gestiona responsablemente y se evita el lucro con necesidades sociales. El programa del Infonavit contempla tres vías: reestructuración para acreditados morosos, renta con opción a compra para ocupantes irregulares y rehabilitación de viviendas vandalizadas, con la posibilidad de que los habitantes se conviertan en propietarios tras cuatro o cinco años de pago. Sin embargo, esta propuesta ha generado rechazo en el sector privado, que la considera una validación de tomas ilegales. Diversas cámaras empresariales, como Concanaco, Concamin, Coparmex y el Consejo Nacional Empresarial Turístico, manifestaron su oposición, aclarando que el programa no busca despojar a propietarios originales, quienes podrán recuperar o reestructurar sus inmuebles si lo desean. Magaña resaltó que el principal reto ahora es garantizar la transparencia y correcta ejecución del programa para evitar abusos, conflictos legales y asegurar que las viviendas se regularicen sin afectar derechos legítimos.
