El viernes 6 de febrero, la directiva de EsSalud y el Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú (SINAMSSOP) firmaron el convenio colectivo 2025, en medio de una crisis en atención y suministro de medicamentos denunciada por pacientes del Seguro Social. El acuerdo, supervisado por la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos Laborales del Ministerio de Trabajo, incluye la creación de una comisión para la implementación del año sabático remunerado para los médicos, además de beneficios económicos y mejoras laborales para el personal de salud.
Este convenio se rige por la Ley 31188, que regula la negociación colectiva en el sector público peruano, y sigue un proceso que inicia con una propuesta del sindicato y puede avanzar hasta arbitraje si no se alcanzan acuerdos en las etapas previas. La firma establece beneficios económicos como una canasta navideña de S/800 para todos los trabajadores y una asignación de S/3,889 por uniformes en 2026, además de mantener la jornada laboral de 150 horas mensuales y mejorar la infraestructura y capacitación del personal.
Entre los 21 puntos del acuerdo se destaca la creación de un proceso para que médicos puedan acceder a un año sabático remunerado, un derecho reconocido en el artículo 21 del Decreto Legislativo 559. Según explicó Santiago Vinces, secretario general del SINAMSSOP, este beneficio busca igualar a los médicos con sus pares del Ministerio de Salud, permitiéndoles solicitar licencias con goce de sueldo para capacitación, investigación o especialización, siempre que hayan trabajado más de siete años y presenten un proyecto justificativo.
La comisión que implementará el proceso definirá procedimientos internos, criterios de selección y mecanismos de control para garantizar el cumplimiento legal y la adecuada utilización del beneficio. Aunque respaldado por la ley desde 1989, su implementación será progresiva y limitada a quienes cumplan los requisitos.
Por otro lado, expertos en salud pública como Marco Almerí critican que los beneficios del convenio, en particular los bonos extraordinarios por cierre de pliego, perpetúan prácticas que desvían recursos del objetivo principal de mejorar la atención a los asegurados. Almerí estima que los pagos por cierre de huelga solo en bonos podrían sumar más de S/330 millones anuales, casi igualando la inversión total en infraestructura, equipamiento y medicamentos.
Además, denuncia que una parte significativa del presupuesto, más del 50%, se destina a salarios y bonos para una plantilla de 60,000 trabajadores, de los cuales unos 20,000 son administrativos que, en algunos casos, reciben sueldos hasta siete veces superiores a los del MINSA. La gestión también ha asignado más de S/3,800 para uniformes, sin fiscalización efectiva sobre su uso, lo cual, según Almerí, genera incentivos perversos y pone en riesgo la sostenibilidad de EsSalud.
