El ejército estadounidense realizó un nuevo operativo en el océano Pacífico, marcado como el octavo desde el inicio de la ofensiva y el primero fuera del mar Caribe. La acción fue llevada a cabo la noche del martes y, según autoridades, tuvo como objetivo una embarcación que transportaba drogas hacia Estados Unidos, con origen en regiones latinoamericanas.
Este ataque, en el que se reportó la muerte de entre dos y tres personas, representa una expansión de la estrategia de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en la región. Desde el 2 de septiembre, las fuerzas de Operaciones Especiales han llevado a cabo operaciones similares, en las que las autoridades consideran que los interceptados forman parte de cárteles de drogas identificados como organizaciones terroristas.
Hasta ahora, el gobierno de Donald Trump ha reconocido siete ataques con un saldo de 32 personas fallecidas, y se espera una comunicación oficial sobre el nuevo incidente. La política de Estados Unidos se centraba inicialmente en Venezuela, pero con el tiempo se ha intensificado en Colombia, que actualmente es el principal productor y destino de cocaína hacia ese país.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha denunciado que en varios de estos ataques han muerto colombianos inocentes y ha acusado a Estados Unidos de actos de asesinato. En respuesta, Trump anunció la posible suspensión de la ayuda internacional a Colombia.
Las autoridades estadounidenses sostienen que los ataques se realizaron en aguas internacionales y que los pasajeros eran miembros de cárteles que participan en actividades ilícitas, aunque muchos expertos jurídicos cuestionan la legalidad de estas operaciones, argumentando que el ejército no tiene autorización para atacar civiles que no participen en hostilidades.
La Casa Blanca justifica estas acciones alegando que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado contra cárteles narcotraficantes considerados terroristas, aunque no ha explicado cómo esta condición legal se aplica a operaciones contra civiles sospechosos.
Mientras tanto, la región continúa sintiendo los efectos de estos operativos, con reportes de muertes y heridos en Colombia y Ecuador. Familiares y autoridades locales han denunciado pérdidas humanas, y algunos de los sobrevivientes enfrentan procesos judiciales en sus países.
Estos ataques reflejan la intensificación de la lucha antidrogas de Estados Unidos en Latinoamérica, un esfuerzo que, además, se combina con intentos de presionar cambios políticos en países como Venezuela, donde el gobierno estadounidense también ha centrado sus esfuerzos en la lucha contra los cárteles.
